Ante la falta de resolución política del conflicto de la promoción industrial, los legisladores
nacionales de la oposición ya analizan un plan B. Según anticipó ayer el diputado nacional del PJ
disidente Enrique Thomas, Mendoza podría terminar pidiendo en el Congreso su inclusión en los
regímenes de promoción industrial.
"Nosotros pensamos que la principal vía es política, a través del gobernador y de la
Presidenta de la nación", expresó Thomas ante la consulta de Diario UNO. Y añadió: "Por eso estamos
viendo cómo evoluciona esa gestión y ya estamos elaborando otro plan: incluir a Mendoza dentro de
la promoción o dentro del decreto (699/10), o bien dentro de un artículo de la ley que se sancionó
durante la dictadura y que habilitó este régimen".
Según Thomas, "son varios los legisladores mendocinos de la oposición que estamos en ese
camino", aunque aclaró que con los diputados y senadores del PJ mendocino aún no se analizó el
tema.
La medida legislativa se suma a la estrategia judicial que podría tener definiciones
importantes en los próximos días: el gobierno de Celso Jaque confía en que esta misma semana la
Corte Suprema de Justicia de la Nación resolverá acerca de la medida cautelar presentada hace
quince días y en donde Mendoza pidió que se suspendan los alcances del decreto 699/10 hasta que el
máximo tribunal resuelva la inconstitucionalidad o no de la norma nacional.
Pampeanos se suman a la pelea
En tanto, desde La Pampa llegaron buenas noticias para Jaque.
El gobernador de esa provincia, Oscar Jorge, anunció que instruyó al fiscal de Estado
pampeano, Alejandro Vanini, para que analice una presentación ante la Corte Suprema de Justicia de
la Nación como realizó Mendoza hace más de dos semanas.
"La Pampa ha tenido siempre una posición muy firme. He dado instrucciones al fiscal de Estado
para hacer en principio una presentación ante la Nación. Y si no hay respuestas, el segundo paso
sería el inicio nuevamente de acciones judiciales, como ya lo hicimos en otro momento", dijo el
mandatario en declaraciones que recogieron medios pampeanos.
De lo que habla Jorge es de aquella demanda en la que acompañó a Mendoza realizada en 1998,
la cual tuvo un dictamen favorable del entonces procurador de la Corte, Nicolás Becerra, y que
nuestra provincia terminó cerrando a través de un acuerdo extrajudicial firmado por Julio Cobos en
2007, cuando era gobernador.
Justo unas semanas antes de conocerse la extensión de la promoción, la Nación destrabó $800
millones a La Pampa y unos 200 de esos millones corresponden a una parte del canje extrajudicial
que acordó La Pampa con la Nación en compensación por el daño provocado a su economía por la
promoción industrial.
La decisión de La Pampa resulta un alivio para la posición política del gobernador mendocino,
quien hasta aquí se había movido casi en soledad en el contexto de los gobernadores del país por
este tema.
Salvo Jorge Capitanich, de Chaco, casi ningún mandatario se quejó por los alcances del
decreto 699/10.
Pero el chaqueño tampoco dio ningún paso concreto hasta el momento para frenar los alcances
del decreto de la controversia.
Mientras esto sucede, los gobernadores de las provincias promocionadas trabajan contra el
reloj para intentar firmar con la Nación los convenios respectivos y darle validez legal a la
extensión de los beneficios impositivos.
Los mandatarios incluidos en el Acta de Reparación Histórica acordaron que esta semana los
equipos técnicos de cada distrito trabajarán de manera coordinada en la redacción de los acuerdos
con la Casa Rosada para poder suscribir el convenio definitivo en los próximos días.
