El Gobierno reconoció que falta espacio físico en el Gran Mendoza. El sector privado proyecta nuevos hogares para ser habilitados.

La Provincia no tiene capacidad en hogares para adultos mayores

Por UNO

El allanamiento al geriátrico Cristo Luz el lunes 26 de abril puso la lupa sobre los hogares delarga estancia para adultos mayores, ya que uno de los principales inconvenientes que surgieron de

este procedimiento es que no se podía clausurar el lugar porque no se contaba con un espacio físico

para llevar a los ancianos.

La directora de Adultos Mayores, que depende del Ministerio de Desarrollo Humano y Familia,

Estela Pérez de Flamarique, contó que "la Municipalidad quería clausurar el lugar, pero surgía el

problema de dónde se ubicaba a los abuelos que estaban allí, por eso se decidió darle 48 horas para

que pusieran en regla el lugar y se colaboró para darle personal especializado, como médicos y

enfermeras".

Y agregó que "nosotros no tenemos espacio físico en el Gran Mendoza para atenderlo, lo

tendríamos que llevar a los hogares que tenemos en Malargüe o General Alvear y eso sería una locura

porque tendríamos que sacarlo de su entorno, por eso se optó por un criterio más humanitario".

El Estado cuenta con hogares de larga estancia para adultos mayores; además de los dos del

Sur tiene uno en San Martín, Tunuyán, Tupungato y Rivadavia. Por convenio también puede llevar

personas al Cristo Uno y San Vicente de Paul, que funcionan en el ámbito privado.

En Capital, en Boulogne Sur Mer 361 se encuentra el más grande de los geriátricos estatales,

el Santa Marta, con una capacidad para 107 ancianos. Solamente tiene desocupadas dos camas, las

cuales están reservadas para cualquier emergencia.

En el ámbito privado, desde la Dirección de Recursos Físicos del Ministerio de Salud

manifestaron que son 40 los que están habilitados y 140 lo que se encuentran en proceso de ser

facultados para brindar ese servicio.

El titular de esta área gubernamental, Ricardo Flores, aseguró a UNO que muchos geriátricos

que funcionaban en la provincia fueron clausurados, aunque no pudo precisar cuántos, y que los

principales motivos de esta medida suele ser el hacinamiento con el que mantienen a los adultos

mayores, porque no tienen historia clínicas o por no contar con la infraestructura adecuada para la

función que cumplen.

La habilitación y control sanitario de los privados como el Cristo Luz están a cargo de la

Dirección de Recursos Físicos del Ministerio de Salud.

El caso que encendió la mecha

En la madrugada del lunes 26 de abril el geriátrico Cristo Luz, ubicado en la calle Juan

Guillermo Moreno 1160 de Dorrego, Guaymallén, fue allanado por la policía luego de que

profesionales de emergencias que fueron hasta el lugar por un llamado ante descompensación de uno

de los ancianos que estaban al cuidado de este hogar de larga estancia de adultos mayores hiciera

la denuncia por hacinamiento.

Cuando llegaron las autoridades, bien entrada la madrugada, pudieron comprobar que ese

geriátrico, que se encontraba habilitado para tener 16 pacientes, contaba con 28 internos y que a

su vez no tenían personal especializado que acompañara a los adultos mayores durante la noche.

A su vez la Municipalidad de Guaymallén, a través de la Dirección de Industria, Comercio e

Inspección General realizó una inspección de la estructura y verificó que si bien el lugar cuenta

con una edificación segura, faltaban los barrales en los sanitarios, la instalación eléctrica no

estaba en condiciones e incluso faltaban las tapas de los inodoros de los baños.

El director de Recursos Físicos del Ministerio de Salud señaló que en un principio se le dio

un plazo de 48 horas para solucionar las falencias. "Cuando fuimos el viernes 30 de abril se pudo

comprobar que habían vuelto a tener solamente las 16 camas y los ancianos fueron reubicados",

aunque no precisó ni cómo ni en dónde.

Otros inconvenientes

En cuanto a los otros inconvenientes que presentaron, Flores sostuvo que "aparecieron las

historias clínicas de los pacientes y se están solucionando los problemas estructurales que tenían,

por lo que la clausura del lugar está prácticamente descartada" y agregó que se le dio un nuevo

plazo de 72 horas para que hagan el descargo correspondiente.

Lo llamativo de esto fue que si bien el funcionario admitió que cuando hay irregularidades

hay que penalizarlas, también destacó que "no se puede confirmar aún si van a ser sancionadas; hay

que esperar lo que dictamine Asesoría Letrada".