La exclusión en el proceso de una firma de micros fue declarada ilegítima por la Corte, lo que habilita una demanda. Fue en el gobierno de Julio Cobos, cuando Patricia Gutiérrez era titular de Transporte
La Provincia, expuesta a un juicio millonario por una mala licitación
La adjudicación de los recorridos de la línea 7 a la empresa El Cacique hace siete años, tras la ilegítima exclusión de otra empresa competidora, por decisión del gobierno de Julio Cobos, en el que Francisco Morandini fue el ministro de Obras a cargo de esos procesos y Patricia Gutiérrez la directora de Transporte, ha dejado expuesto al Estado provincial a una millonaria demanda tras un fallo de la Suprema Corte de Justicia.
Es que la Sala Civil del máximo tribunal local, integrada por los jueces Carlos Böhm, Mario Adaro y Herman Salvini, concluyó “que el actor fue ilegítimamente excluido en el proceso licitatorio”, habilitando a la firma Transporte Colectivos del Oeste, de Emilio Corsino, a reclamar en la Justicia civil la indemnización correspondiente por daños y perjuicios por haber quedado fuera del negocio.
La disputa se remonta al año 2005. En aquel tiempo el gobierno de Julio Cobos abrió el proceso licitatorio para renovar las licencias de los dueños de los colectivos que estaban vencidas.
Fue allí que se iniciaron las licitaciones de los distintos recorridos con una guerra de fondo por redistribuir el poder del control de los micros.
Así fue que la lucha dejó un gran ganador, que fue Sergio Pensalfine, quien con su empresa El Cacique se expandió haciéndose cargo de los circuitos que cubrían las líneas 7, 8 y 9. El gran perdedor fue Emilio Corsino, quien habiendo sido el hombre fuerte del transporte público quedó fuera del negocio.
La batalla final se libró por los recorridos de la ex línea 7 entre las firmas El Cacique y una UTE que integraba Transporte Colectivos del Oeste y que capitaneaba Emilio Corsino.
Sin embargo, esta última se guardó una bala de plata para vender cara su derrota, lo que tras siete años se hizo sentir. Fue hace un par de semanas cuando la Suprema Corte provincial le dio la razón a Transporte Colectivos del Oeste y le abrió el camino para demandar al Estado mendocino por varios millones.
El falloAnte el máximo tribunal Transporte Colectivos del Oeste denunció que había sido ilegítimamente separada de una licitación a pesar de tener la mejor oferta de precio por kilómetro recorrido, una situación patrimonial más favorable que su competidora y menos recorridos que esta, lo que probó con estudios periciales.
En sus conclusiones la Corte local dijo sin vueltas que el gobierno de Julio Cobos había excluido ilegítimamente a la firma. En aquel entonces, Patricia Gutiérrez era la directora de Transporte.
Indicó en el fallo que “resulta válido concluir que conforme surge de las probanzas de autos, el poder administrador (el gobierno de Cobos) adjudicó la contratación a quien no sólo no tenía la oferta más baja sino que además el puntaje tampoco lo beneficiaba. Este primer análisis lleva a dar razón en tal aspecto a lo manifestado por el actor (Transporte Colectivos del Oeste) en su demanda”.
Agregó que “el acto impugnado contiene vicios que lo afectan en su contenido”. Y concluye que Transporte Colectivos del Oeste “sólo ha probado que su oferta y su puntaje la favorecían frente a El Cacique SA, lo que no implica per se la adjudicación a su parte. Por ello, en su demanda formula reserva de daños y perjuicios por la arbitraria e ilegítima resolución del Decreto Nº1403/05 y es precisamente ese derecho el reconocido mediante el presente pronunciamiento”.
