Por Caterina [email protected]
La Municipalidad de Luján de Cuyo y el Partido Demócrata deberán indemnizar, en forma solidaria, a Javier Torres Méndes con la suma de $1.250.000 por los daños sufridos cuando colgaba carteles de propaganda política del PD y cayó de una escalera, lo que le produjo lesiones que lo dejaron paralítico.
El hombre es casado y padre de tres niños. La sentencia fue dictada por la Sala Primera de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia, integrada por Jorge Nanclares, Alejandro Pérez Hualde y Fernando Romano, y será de ejecución inmediata considerando los intereses a partir de la fecha del accidente.
El suceso que llevó a la Suprema Corte a dictar este fallo ocurrió el 4 de octubre de 2005 en el departamento de Las Heras, cuando colgaban carteles de propaganda política con la frase “De Marchi diputado nacional” y en el reverso “Aldo Vinci concejal Las Heras”. Esto ocurría en la esquina de Boulogne Sur Mer y Padre Llorens.
De repente –de acuerdo con la demanda– se produjo una descarga eléctrica y un fogonazo. Torres perdió el equilibrio y cayó de una altura de 6 a 7 metros. Esto le hizo perder el conocimiento y quedó paralítico por la fractura de la columna dorsal, sin control de esfínteres, con una incapacidad del 94%.
El hombre se desempeñaba como empleado contratado de la Municipalidad de Luján de Cuyo, cumpliendo funciones de limpieza y barrido de calles, destape de cunetas y recolección de hojas y residuos desde el 1 de julio de 2004. Su jornada laboral era de 7 a 13 y percibía $420. A partir de marzo de 2005 comenzó a cobrar horas extras, que hasta agosto de ese año alcanzaban a 18 y a partir de setiembre aumentaron a 30.
En el periodo agosto-setiembre- octubre de ese año, el titular del Municipio, Omar De Marchi, estaba en plena campaña política como candidato a diputado nacional. Por ello se le hizo saber a un grupo de empleados que era necesario trabajar en la campaña a cambio de un aliciente de tipo económico que figuraría en el bono de sueldo en concepto de horas extras que fueron aumentadas a 30, condiciones que Torres, con 3 hijos menores a cargo, aceptó porque de no hacerlo se produciría la extinción de su precario contrato público. El empleado comunal indicó que Ricardo Appiolaza y Flavio Di Marco eran sus jefes en la Municipalidad y le daban las órdenes.
Relató que fue trasladado de urgencia al Hospital Central, luego a la clínica Pellegrina, sometido a una cirugía y a la clínica San Andrés para la rehabilitación. El hombre reclamó por incapacidad sobreviniente $150.000, por daño moral $ 250.000 y por gastos médicos $359.502.


