La Justicia Federal hizo lugar ayer a la medida cautelar presentada por la ONG local Protectora y
defensora de derechos del consumidor y exigió el abastecimiento regular y confiable de gas en
garrafas.
El fallo emitido por el Juzgado Federal N°2 de Mendoza, a cargo de Olga Pura Arrabal, ordena
al Poder Ejecutivo nacional que "garantice la venta, distribución y abastecimiento en forma
regular, confiable y económica del gas licuado de petróleo (GLP) en garrafas de 10, 12 y 15 kilos".
Lo dispuso en beneficio de "los usuarios de sectores sociales de escasos recursos que no
cuentan con el servicio de gas natural en redes de la provincia de Mendoza, beneficiarios del
programa nacional de consumo residencial del GLP Garrafa para todos".
La medida cautelar de Protectora fue presentada el 8 de junio, en medio de las quejas que se
multiplicaron en diferentes barrios mendocinos por la falta de gas envasado.
Si bien el día anterior, el Gobierno había salido a decir que el abastecimiento se había
normalizado por la llegada de 35 mil garrafas, el faltante denunciado por muchos vecinos provocó
que la asociación recurriera a la Justicia.
La historia que terminó de convencer a Protectora de llevar el reclamo a los tribunales fue
la de Sebastián Leguiza (29), quien vive en el barrio Los Barrancos, de Godoy Cruz, y que al
momento de la presentación, llevaba 20 días sin poder conseguir una garrafa para llevar a su casa
donde esta su esposa embarazada y sus tres hijas de 1 y 4 años.
En ese momento, la asociación confirmó que recibían cerca de 15 denuncias por día por la
carencia de garrafas.
Con la orden judicial, la Secretaría de Energía de la Nación, que depende del Ministerio de
Planificación Federal, deberá exigir a productores, fraccionadores, distribuidores y vendedores
adheridos al plan "Garrafas para todos" la provisión regular de gas envasado en lugares de venta
accesible.
La medida también ratifica que la venta se debe hacer en los precios estipulados por la ley,
es decir, que las garrafas de 10 kilos cuestan $16, las de 12 kilos,$20, y las de 15 kilos, $25.
Mientras, desde la Dirección de Fiscalización y Control, que depende del Ministerio de
Producción, aseguraron que ellos ya exigen que se respeten los precios establecidos por la
legislación, con la correspondiente multa a los infractores.
De todas maneras, hoy emitirán una resolución para afectar más inspectores a los controles.
