Por Alejandro Gameroagamero@diariouno.net.ar
Nidia Martini y dos miembros de la cúpula del instituto son acusados de no cumplir una ley que ordena el cobro de entrada para destinarlo a salitas de 4.
La Justicia imputó al directorio del Casino provincial por la taquilla de 4 pesos
La famosa taquilla de $4 que los casinos debían instrumentar para cobrarles entrada a sus clientes y destinar esos fondos a las salitas de 4 años terminó con el directorio del Instituto de Juegos de la Provincia, acusado en la Justicia por incumplimiento de los deberes de funcionario público y malversación de caudales públicos.
La novedad se conoció ayer pero la imputación contra la presidenta del Instituto de Juegos y Casinos de Mendoza, Nidia Martini, y los directores Miguel Ángel Bondino y Héctor Caputto se concretó hace más de una semana.
El 5 de junio pasado el directorio había sido denunciado por un empleado del casino, Cristian Leiva, quien hizo una presentación en la Fiscalía Especial porque el instituto no cumplía con el mandato de la reciente Ley Provincial 8.383, que promueve el impuesto solidario educativo y que en consecuencia ordena a los casinos a cobrar una entrada de $4 a sus clientes.
Leiva planteó que esa taquilla no se había instrumentado y que en cambio las autoridades utilizaban los fondos destinados a la partida de publicidad y difusión para abonar a Rentas la obligación que debería recaudar por el cobro de las entradas.
La denuncia quedó en manos del fiscal especial Daniel Carniello, quien deberá estudiar el caso y establecer si los directores del casino provincial han incurrido en estos delitos como dice el denunciante.
La ley 8.383, que entró en vigencia el 9 de enero de 2012, dice en su artículo 3: “Créase el Impuesto Solidario Educativo, que gravará el ingreso de las personas a los casinos estatales y privados que funcionen en la provincia de Mendoza.”
En su artículo 6 en tanto indica que “el importe a aplicar al valor de ingreso de las personas establecido en el artículo 3º será equivalente al valor de dos veces la apuesta mínima en una mesa de ruleta de juego vivo del Casino de Mendoza”.
La presunta violación de esta ley en vigencia ha derivado en que Nidia Martini y los directores hayan sido acusados por incumplimiento de los deberes de funcionario público.
En cuanto a la imputación de malversación, ésta resultaría del uso de otras partidas presupuestarias del casino que tenían fines específicos y que fueron destinadas a cumplir con el aporte a Rentas, el que se habría hecho directamente sin cobrar las entradas.