Mendoza
Fue a partir de los cuestionamiento de un matrimonio de vecinos ante la explotación petrolera que autorizó el Gobierno de Mendoza en las adyacencias a la laguna de Malargüe.

La Fiscalía de Estado advirtió defectos en la declaración de impacto ambiental en Llancanello

Por UNO

El Gobierno ya hizo el gran anuncio pero siguen apareciendo cuestionamientos al arranque de laexplotación petrolera en las adyacencias a la laguna de Llancanelo, en Malargüe. Ahora, un

matrimonio propietario de una parcela en la zona hizo un planteo en Fiscalía de Estado y desde ese

órgano se advirtió a la Secretaría de Ambiente de la provincia sobre una posible irregularidad en

el proceso de determinación del impacto ambiental del emprendimiento.

Pese a esto, Guillermo Carmona, titular de la dependencia, aseguró que no existe ninguna

orden de paralización del proceso que desembocará en la explotación petrolera por parte de YPF. El

cuestionamiento presentado ante Fiscalía de Estado apunta a una irregularidad en el proceso de la

determinación del impacto ambiental que, según el funcionario, no es real.

A la Secretaría de Ambiente ingresó una nota firmada por Amílcar Moyano, director de Asuntos

Ambientales de la Fiscalía de Estado, advirtiendo defectos en la declaración de impacto ambiental

emitida por la secretaría a cargo de Carmona. No obstante, el secretario le dijo a este diario que

la Fiscalía de Estado no tiene poder para paralizar el avance de la explotación. "Podría hacer un

planteo judicial en ese sentido pero no tiene potestad para parar el emprendimiento", sostuvo

Carmona.

Para el abogado ambientalista de la Fiscalía de Estado, los terrenos adyacentes a la laguna

no tienen la declaración de impacto ambiental debidamente realizada. Mientras, para la Secretaría

de Ambiente todo está en orden, sin lugar para impugnaciones generales.

El problema detectado en Fiscalía de Estado tiene que ver con el plano de mensura del área

natural protegida que debe respetar el emprendimiento de Repsol YPF. Antes de desarrollarse la

audiencia pública previa a la autorización para la exploración el matrimonio de Juan Antonio Barros

y Carmen Ruiz pidieron un informe sobre el plano de mensura en la Dirección de Catastro, desde

donde les contestaron en abril que el mismo no existía.

Sin embargo, Carmona dice que no sólo existe ese plano sino que está incluido en el

expediente del emprendimiento. "El Gobierno emitió el informe de impacto ambiental cuando contó con

el plano de mensura de la Dirección de Catastro", aseguró Carmona.

Y explicó que "la mensura determina los límites del área natural protegida, dentro de la cual

hay terrenos que podrían ser privados". El matrimonio responsable de la presentación ante Fiscalía

de Estado son superficiarios de la zona afectada por la futura explotación. Las acciones sobre el

tema que se tomen durante los tres días hábiles de esta semana serán claves para el futuro

inmediato del emprendimiento.

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