Así se expresó María Inés Abrile de Vollmer respecto a la investigación sobre si algunos colegios privados que reciben subsidios del gobierno provincial para afrontar salarios han violado las normas.
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La DGE negó que sean “estafas” de colegios privados las irregularidades en subsidios
Por UNO
Durante los festejos del Día del Maestro, en la plaza Sarmiento de Capital, la directora General de Escuelas, María Inés Abrile de Vollmer, fue consultada sobre un posible fraude de colegios privados a la provincia.
Los establecimientos arancelados reciben un subsidio desde la DGE para afrontar el pago de salarios y se sospecha que violaron las normativas vigentes. Se investiga Entre estos manejos se encuentran no declarar la actualización de las cuotas, cobrar aranceles extraprogramáticos que violan las limitaciones que impone la norma regulatoria de la educación privada, superar el cupo de alumnos estipulado y no respetar la cantidad mínima de becados que cada escuela debe tener.
“Sobre todo fondo que se otorga debe haber una auditoría, pero esto pasa con las escuelas públicas y estatales. Lo que se hace en estas auditorías es revisar el estado financiero de esos recursos que se otorgan y, en segundo lugar, si la forma en que fueron utilizados se ajustan a las normas que tenemos vigentes”, comenzó explicando la funcionaria.
Y de inmediato la titular del gobierno escolar fue contundente: “Pero quiero desmentir lo de la estafa, no es cierto. Sí hay escuelas, privadas y públicas, que tiene cuestiones que resolver y aclarar, que no llegan al diez por ciento de los establecimientos”.
Luego intentó minimizar lo publicado al decir que “son muy pocos los casos de los colegios que tienen que hacer algún ajuste por indicación del gobierno o porque ellos mismos, durante el proceso de la auditoría, se dan cuenta que hay alguna situación que no fue bien resuelta”.
Vollmer se negó a precisar una cifra en pesos relativa a la, al menos, irregularidad que han detectado en las auditorías. Pero de inmediato manifestó que una vez finalizadas las mismas se les pedirá a los representantes legales de los privados y directores de las públicas que rectifiquen o ratifiquen las situaciones detectadas como irregularidades.
De todos modos hay dos investigaciones en curso. La que lleva adelante la DGE que, según la funcionaria, es rutinaria y otra que inició el Tribunal de Cuentas.
