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La diferencia respecto del plan que el gobernador envió a la Legislatura es de $400 millones. Los supremos insisten en que el sistema debe ser modificado a través de la Constitución y no por ley.

La Corte pretende $1.300 millones de base para aceptar la autarquía

Por Marcelo Arcemarce@diariouno.net.ar

La Suprema Corte de Justicia mendocina dará la pelea en la Legislatura para conseguir más recursos para el funcionamiento de la Justicia, luego de que Francisco Pérez, con el respaldo de las fuerzas políticas, quedara encaminado para la aprobación de la autarquía judicial en la Legislatura. En ese sentido, el coordinador de relaciones institucionales del máximo tribunal, el ex legislador radical Raúl Vicchi, anticipó ayer que los supremos pedirán que los legisladores le aseguren al menos $1.300 millones para funcionar en 2013, $400 millones más sobre los $900 millones que el Gobierno le garantizó a la Suprema Corte que tendrán en caso de que se aplique la independencia financiera.

“Esta discusión tiene que tener un manejo racional porque no se puede tener a la Justicia en un conflicto permanente si no se le asignan los recursos que corresponden. No se pide de más, sino lo que es justo”, dijo el representante de la Justicia.

Y adelantó cuál será el reclamo puntual del máximo tribunal de Justicia ante el debate que se avecina. Más allá de insistir sobre que la autarquía financiera debería ser aplicada a través de una modificación de la Constitución provincial y no por una ley, la Justicia apuntará a financiarse en el futuro con una porción fija del total global del Presupuesto y no, como establece la iniciativa de Pérez, por un porcentaje de la recaudación de impuestos.

Aquí, diputados y senadores debatirán otorgarle al Poder Judicial el 7,9% de la recaudación de los impuestos a los Ingresos Brutos y del Automotor y de la Coparticipación Federal, más la recaudación total de la tasa de Justicia y otros aportes. Según Vicchi, deberían darles el 8% pero del Presupuesto de la provincia, que este año fue de $16.000 millones.

“Todo lo que recibamos por parte de la Legislatura dependerá de lo que se quiera hacer”, dijo el ex dirigente político, quien advirtió además que, a pesar de lo que pidió Pérez en el acto de presentación del proyecto, si no hay más recursos no se podrá aplicar el Código Procesal Penal (CPP) en San Rafael ni en el Valle de Uco, ni tampoco se podrá implementar la policía judicial, así como tampoco mejorar el plan de obras. Según la Corte, la Policía Judicial tiene un costo de $120 millones y para que toda la provincia se rija con el nuevo CPP hacen falta al menos $50 millones más. 

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