Por Andrea Pellicer
Jorge Nanclares y Mario Adaro se presentaron este martes en la Legislatura provincial con el ambicioso proyecto “Modernización de la Gestión del Poder Judicial de Mendoza” bajo el brazo. Para llevarlo adelante, la Corte Suprema utilizará más de tres millones de dólares que le fueron otorgados por el BID.
“Actualizar y fortalecer”, fueron los dos términos más utilizados por los magistrados cuando tuvieron que explicar, ante la comisión de Asuntos Constitucionales de ambas cámaras, de que se trata el proyecto para los próximos tres años.
Para alcanzar estas metas, la Justicia comenzará con la apertura de 13 nuevas fiscalías dedicadas a delitos menores. De esta forma se intentará aliviar el atascado sistema judicial de la provincia. Los supremos además plantearon la necesidad adquirir novedosos sistemas informáticos y tecnologías que permitan digitalizar los expedientes y agilizar los interminables procesos.
Nanclares señaló a los legisladores que Mendoza cuenta con la congestión judicial más alta del mundo y por este motivo el cambio es inminente. “Si las cosas se hacen más rápido se hace mejor, tenemos que lograr reducir los tiempos en un cincuenta por ciento. Es un objetivo ambicioso”, dijo.
Además señaló que este objetivo también requerirá de una serie de cambios en la legislación provincial, por este motivo los jueces concurrieron a la Casa de las Leyes. Uno de los más importantes está relacionado con la implementación, en todo el territorio mendocino, del Código Procesal Penal pero los magistrados subrayaron que éste ya requiere actualizaciones.
“Hay que pensar una justicia del siglo XXI pero para ello se requiere consensos y la discusión entre los tres poderes. La Corte está preocupada sobre estas cosas y no sólo desde el diálogo sino que con esto estamos mostrando que ya estamos trabajando”, aseguró Nanclares.
En tanto, los magistrados evitaron profundizar en la discusión del proyecto de autarquía elaborado por el Ejecutivo, cambiando el eje de la discusión hacia la “calidad” del sistema. “Primero hay que establecer qué tipo de Justicia quiere la provincia y luego ver con qué fondos lo subvencionamos. Este proyecto de modernización es el primer paso que hay que dar”, comentó Adaro.
Por su parte, con respecto a la posibilidad de lanzar una Policía Judicial, otro de los proyectos que el Gobierno anunció para agilizar la justicia, Jorge Nanclares remarcó que se requiere una mayor capacitación de los investigares, equipamiento actualizado y cuerpos especializados. “Que dependa o no dependa del juez es indistinto”, señaló.
