Investigan un fraude millonario de los colegios privados al Estado provincial

Millones de pesos es lo que sospechan los auditores del Gobierno que se han licuado de los subsidios a los colegios privados de la provincia. Esto no sería producto de la casualidad, sino de maniobras de algunos establecimientos para recaudar más, acompañado por un deficiente control del propio Estado.

Entre estos manejos se encuentran no declarar la actualización de las cuotas, cobrar aranceles extraprogramáticos que violan las limitaciones que impone la norma regulatoria de la educación privada, superar el cupo de alumnos estipulado y no respetar la cantidad mínima de becados que cada escuela debe tener.

Tras una auditoría en la Dirección General de Escuelas que comenzó hace tres meses, el Gobierno provincial investiga un presunto fraude de seis ceros que se habría perpetrado a partir de la sistemática transgresión de los requisitos establecidos para que un colegio pago reciba subsidios.En principio, no serían todos los privados los involucrados. Aún la auditoría, ordenada por el gobernador Francisco Pérez, no habría cerrado ni el número de escuelas que estarían incurriendo en las graves irregularidades ni la cifra final en perjuicio del Estado provincial.

Pero parece que está claro que se ha colado mucho dinero y lo que sea es motivo de preocupación para el Poder Ejecutivo en estos tiempos de sintonía fina en que una moneda de más es como agua que se escurre de entre las manos mientras cruza el desierto.

Mientras distintas fuentes del Barrio Cívico confirman la investigación y las irregularidades, discrepan en la cifras: algunos hablan de millones y otros dicen que no hay un número peritado.

Sin embargo, un testimonio publicado por Andrés Gabrielli en su columna de ayer en Diario UNO disparó las especulaciones.

‘“Podríamos ahorrarnos en esta materia unos $20 millones por año”, detalló una fuente del Gobierno. “Y esto se viene haciendo desde hace cuatro años”’, revela Gabrielli en la columna titulada: “CF de Kirchner, la ira de Dios”.

Otra fuentes doblaron la apuesta y dijeron a Diario UNO: “Esto lleva más de cuatro años” y admitieron que “los controles del Estado no estuvieron a la altura”.

Los subsidios y las maniobras

El decreto provincial 2.633 de 2005 es el que rige los requisitos para acceder a estas ayudas y las sanciones en caso de violar la normativa.

Justamente, las maniobras habrían consistido en violar sistemáticamente los requisitos que impone el decreto 2.633/05 que habilitan a los colegios a acceder a la contribución del Estado en la educación privada.