Posibilitar el funcionamiento de una usina generadora de energía fue uno de los objetivosestratégicos que justificaron la construcción del dique Potrerillos. Pero nadie pensó, o al menos
no lo explicitó en los proyectos de obra, que esa iniciativa esperada durante décadas por laprovincia e inaugurada por Fernando de la Rúa a días de dejar la Casa Rosada en helicóptero se
convertiría en una usina generadora de conflictos políticos y judiciales capaces de complicargestiones gubernamentales y comprometer cifras millonarias de la caja pública. Ocho años y medio después de la única gran inauguración que la crisis le dejó presidir aRoberto Iglesias durante su gobernación (1999-2003), la Provincia y una sociedad compuesta por dosde las empresas que más facturan en Mendoza siguen peleando en la Justicia a quién le correspondepagar los costos del terraplén de seguridad de la presa. Industrias Metalúrgicas Pescarmona y José Cartellone Construcciones Civiles constituyeron lasociedad anónima Consorcio de Empresas Mendocinas para Potrerillos (CEMPPSA) para participar en lalicitación de la obra que a la postre les fue adjudicada. El conflicto judicial que mantiene la operadora del dique con el Estado se originó en unademanda planteada por CEMPPSA en 2004. La causa es tramitada por la Sala 1 de la Suprema Corte y seencuentra en la etapa de alegatos, el paso previo al dictado de la sentencia que determinará quiéntiene que pagar un terraplén que no estaba previsto en el proyecto original. Con el expediente de la causa a mano, los abogados del Estado y los del consorcio demandanteestán abocados por estos días a la redacción de los argumentos con los que intentarán demostrar enla Corte que el monto invertido en el terraplén con la correspondiente actualización debe serasumido por la otra parte. La cotización de la obra en 2004 rondó los $6 millones, monto que fuefinanciado por la empresa que tiene a su cargo la concesión del dique. Las partes mantienen en reserva los pormenores de la estrategia con la que abordarán lasúltimas etapas de la actuación judicial. Los abogados del Estado tendrán que demostrar que unaimpericia del consorcio ejecutor en la realización de un estudio geológico provocó que la obra seinaugurara con defectos de seguridad que dejaban latente la posibilidad de una rotura de una paredde contención con el consecuente desborde del agua. Mientras que CEMPPSA considera al terraplén como una obra complementaria del proyectooriginal. Si así fuera, el Estado sería condenado a pagar lo que demanda la empresa. La necesidad de fortalecer con un terraplén la resistencia de la contención de un sector deldique también fue objeto de una disputa judicial originada por un recurso de amparo presentado porel legislador Ricardo Puga. Esa acción judicial se fundó en un informe técnico que al ser difundido por Diario UNOconmocionó a la provincia por las consecuencias que pronosticaba en caso de que se continuara conel llenado de la presa sin reforzar una de las paredes de contención. Según el estudio, si se continuaba la operación hasta la cota establecida, había riesgos deque se rompiera esa pared de contención. En ese caso el agua embalsada iría corriendo a granvelocidad por la pendiente desde Potrerillos hacia el Este, arrasando con lo que estuviera a supaso. CEMPPSA cuestionó los resultados del informe técnico y se resistió a construir el terraplén,el remedio que se aconsejaba para evitar una potencial tragedia de consecuencias impredecibles. Sin embargo, al prosperar la acción judicial promovida por Puga y suspendido el llenado deldique hasta tanto se resolviera la cuestión de fondo (la seguridad del paredón cuestionado),CEMPPSA aceptó construir el terraplén. La empresa tenía apuro por completar el llenado de la presa,puesto que recién en ese momento comenzaría a redituarle uno de los negocios más importantes: lageneración de energía. Pero el consorcio de Pescarmona y Cartellone no se resignó a correr con losgastos ocasionados por el ajuste en la seguridad del dique y, tras fracasar con sus demandas alEstado en el ámbito administrativo, recurrió a la Justicia para recuperar con intereses la plataque le costó el terraplén. Si se determina que le corresponde al Estado pagar, el paso siguiente será determinar elmonto.
