Por Analía Boggia
El martes que viene se vota en la Cámara Alta la denominada Ley Petri, que tiene media sanción de Diputados, y hasta ahora fracasó la jugada del oficialismo para reunir los votos necesarios para imponer un proyecto propio. Rechazo de la UNCuyo
El PJ ya prepara la cancha para voltear la ley que limita las salidas de los presos
El oficialismo no tiene el número suficiente de votos en el Senado para imponer su propio criterio en la discusión para poner límites a las salidas transitorias de los presos y ya dio por descontado que la denominada Ley Petri obtendrá la sanción definitiva el martes que viene. Mientras tanto, prepara la cancha para voltear la norma una vez que esté promulgada, paso que fue garantizado por el gobernador Francisco Pérez cuando se comprometió a no vetar lo resuelva la Legislatura.
El lunes, el PJ se reunió con los familiares de víctimas de delitos para convencerlos de que el proyecto del peronismo es mejor que el de la oposición. Además, el justicialismo confía en una andanada de pedidos de inconstitucionalidad contra el proyecto del diputado radical Luis Petri, desactive los postulados de la iniciativa cuando sea ley.
El jefe de bloque del PJ en el Senado, Ignacio Ortigala, contó a diariouno.com.ar que el último lunes los miembros de esa bancada se encontraron con los padres de chicos asesinados por delincuentes. Los legisladores aprovecharon la reunión para “vender” la incorporación de una nueva fase en el período de seguimiento de la conducta de los internos carcelarios.
“Ellos (por los familiares) están de acuerdo con que haya cuatro pasos durante el tratamiento de los presos, pero no quieren que ese control recaiga en el Servicio Penitenciario, y eso es lo que hay que revisar”, dijo Ortigala, quien responde al intendente Alejandro Abraham (Guaymallén).
Ese es el único punto en el que el PJ logró poner de su lado a los familiares de víctimas del delito, como Osvaldo Quiroga, padre de Matías Quiroga, el joven que murió en marzo durante un frustrado asalto a un blindado en un supermercado de Godoy Cruz.
El peronismo llevará este miércoles a la reunión de la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC) la propuesta para tratar de incorporar en la media sanción de Diputados la posibilidad de que los internos sumen una instancia de supervisión antes de acceder a los beneficios de las salidas transitorias, previstos por la Ley 24.660.
Actualmente, esa legislación nacional a la que Mendoza adhirió a fines de los ’90 es la que rige en la provincia y restringe las salidas transitorias de los presos por homicidio criminis causa, homicidio en ocasión de robo, violación seguida de muerte y privación ilegítima de la libertad seguida de muerte.
Pero la UCR y el PD consiguieron aprobar el 1° de agosto en la Cámara Baja un nuevo Código de Ejecución de la Pena que suma al listado de delitos todo tipo de asesinatos, incluidos los que están agravados por el vínculo, y otros ilícitos vinculados a la promoción de la prostitución y a la trata de personas.
La iniciativa promovida por Petri y sus socios del PD elevó además la duración del período de evaluación de conducta de los presos, que pasará de los últimos tres meses de la pena a los dos tercios de la condena cumplida efectivamente en una cárcel.
Batalla perdidaEl oficialismo sabe que tiene la votación perdida en el Senado. Pero aunque consiguiera reunir los votos que le faltan para imponer su propio proyecto en esa cámara, cuando el texto vuelva a Diputados para su revisión, la superioridad numérica del PD y la UCR terminarán convirtiendo en ley el proyecto aprobado el 1° de agosto en la Cámara Baja.
“Lo que ha venido de Diputados es casi ley”, admitió resignado Ortigala ante este portal. Pero estimó que “con todas las opiniones contrarias que tiene, esto se cae en 2 ó 3 años y vuelve todo a fojas cero. Si sale como está ahora, los constitucionalistas van a apuntar a todas las contradicciones que tiene la ley”.
La UNCuyo le bajó el pulgarLa UNCuyo envió un dictamen a la Legislatura en la mañana de este martes, en donde cuestiona la norma impulsada por la UCR y el PD, por considerar que no puede haber diferentes derechos para los internos en un ámbito nacional y otro en Mendoza, en relación a que los presos federales seguirán rigiéndose bajo la Ley 24.660 mientras que los internos presos por delitos provinciales tendrán el nuevo Código de Ejecución de la Pena.
La opinión de la cátedra de Derecho Penal de la Facultad de Derecho de esa casa de estudios apuntó también a la inaplicabilidad de la nueva normativa. “El proyecto sería de difícil implementación, pues pondría al Servicio Penitenciario Provincial y a nuestros funcionarios técnicos criminológicos en la dificultad de aplicar simultáneamente un régimen para condenados con la nueva normativa, otro distinto para internos federales y otros a los que se aplique el régimen anterior”, según dice el documento académico.
Pero Petri salió a refutar a la UNCuyo, al contestar que “en Mendoza en la actualidad rigen tres códigos procesales penales”.
De todas maneras, el texto de la Facultad de Derecho también le pega a la gestión peronista y a las anteriores, pues consideró que el proyecto del radical “no implica otra cosa que el reconocimiento del fracaso de las políticas penitenciarias y de los medios dispuestos para el estudio y tratamiento de los internos y no un defecto de la ley”.