Por Daniel Calivares
La titular de la Inspección General de Seguridad aseguró que el ex intendente Eduardo Cicchitti trabaja como asesor desde mayo y que seguirá en ese cargo. El decreto por el cual se lo nombra fue publicado un día después de que se enviara el pliego de J
El oficialismo incorporó a otro hombre de Iglesias pero negó acuerdo político
Mucha sorpresa causó en el radicalismo el nombramiento del ex intendente de Capital Eduardo Cicchitti en la Inspección General de Seguridad, principalmente porque fue un día después de que se conociera el envío del pliego de Jorge Mastracusa para el directorio del EPRE.
Tanto Cicchitti como Mastracusa tienen algo en común. Son iglesistas y en el cornejismo sospechan de un posible arreglo entre este sector y el oficialismo para que los tres senadores que le responden al ex gobernador Roberto Iglesias avalen la reforma constitucional que propone el gobierno de Francisco Pérez.
En ese sentido, igual que el gobernador lo hiciera ayer en el caso de Mastracusa, la titular de la Inspección General de Seguridad Mariana Herrero, negó que se haya tratado de un acuerdo político la designación de Cicchitti.
“Entró a trabajar en mayo como asesor y el decreto de su nombramiento se demoró por cuestiones administrativas”, explicó Herrero, quien señaló que el ex intendente seguirá cumpliendo funciones de asesor, ya que cuando estos son políticos, en los nombramientos se coloca “Director grupo D” (como figura en el decreto) y se les asigna una clase fuera de escalafón, en este caso 73.
En tanto, el radical Leopoldo Orquín, coincidió con Herrero al decir que Cicchitti se encuentra trabajando de asesor hace varios meses en la IGS.
La designación de Cicchiti y la postulación de Mastracusa para el EPRE abrió las heridas de un conflicto entre iglesistas y radicales, más aún, cuando Iglesias apoya la reforma constitucional y Cornejo no.
Ambas posiciones quedaron claras en el Congreso radical del último sábado, cuando Iglesias y el intendente de Capital Víctor Fayad hablaron a favor de las modificaciones a la Carta Magna y los consejeros que le responden a Cornejo votaron en contra de estas, pronunciándose a favor de un rechazo a su aprobación.
