El Gobierno se enfrentó con la Corte por la designación de jueces

pasado por alto todas las normativas vigentes que establecen cuáles son los mecanismos previstos

para ocupar vacancias de juzgados".

La denuncia, que llegó a la Corte el viernes, volverá a tensar la relación entre el

presidente de ésta, Alejandro Pérez Hualde, y el Poder Ejecutivo, que ha pasado por varios cruces

ríspidos.

En la nota enviada, y que lleva la firma del ministro de Gobierno, Mario Adaro, se advierte

que la Corte cubrió tres vacantes sin tener en cuenta los mecanismos legales previstos en la ley

N°7.294 y en la acordada de la Corte N°21.074, que crean el Cuerpo de Magistrados Subrogantes y

establece las condiciones que deben cumplir para acceder al cargo.

En el artículo 6 de la norma se establece que para acceder al cargo se debe hacer un sorteo

entre los integrantes de una lista de postulantes. "Dicho sorteo debe ser público y anunciado con

antelación suficiente en los medios de publicidad" se expresa.

Pero antes, de acuerdo con lo estipulado en la acordada N°21.074, para revestir el carácter

de postulante del Consejo de la Magistratura se debe rendir y aprobar un examen. De esta manera, el

Cuerpo de Conjueces remplazantes se conforma con los postulantes del Consejo de la Magistratura.

Los tres casos denunciados por el Gobierno son los siguientes. El 8 de junio pasado se

designó como conjuez a Silvina Roxana Lourdes Culós al frente del Segundo Juzgado de Ejecución

Penal, que está dentro del penal Almafuerte, en remplazo de María Inés Vargas Romero.

El 6 de julio pasado se designó interinamente como conjuez del Juzgado de Familia de Malargüe

a María del Carmen Páramo, en remplazo de Gladys Marina Parra, de licencia por enfermedad. Páramo

se desempeñaba como subidirectora de Recursos Humanos del Poder Judicial.

Según la información con la que cuenta el Gobierno, se encontraría en trámite la designación

como conjuez del Juzgado Correccional y de Faltas de General Alvear, a partir de hoyl 1 de agosto,

de Armando Farina, actual secretario del Juzgado Penal de Menores de ese departamento.

Los tres casos fueron designados mediante sendas acordadas por la Sala Tercera de la Corte,

que preside Pérez Hualde.

El secretario general de la Gobernación, Alejandro Cazabán, remarca que "la irregularidad

reviste gravedad, porque ninguno de los tres designados figura como postulante ni aspirante con

examen aprobado en el Consejo de la Magistratura de acuerdo a lo que establece el marco legal".

Para Cazabán –y por lógica para el Gobierno en general–, esta acción del presidente de la

Corte reviste "una gravedad sin antecedentes".

"Vemos que el presidente de la Corte tiene actitudes y opiniones propias de alguien que hace

actividad política. Está opinando sobre temas propios del gobernador", dijo con referencia al

reclamo público efectuado para que el Ejecutivo designe el remplazo de Aída Kemelmajer.

"Cada vez se visualiza un perfil más político en él", consideró.

Alejandro Pérez Hualde: "No había postulantes"

Para el presidente de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza,

Alejandro Pérez Hualde, los nombramientos de los tres conjueces referidos por el Poder Ejecutivo no

entrañan irregularidad alguna.

"Hemos nombrado ocupantes para estos tres cargos en forma interina, porque en ninguno de los

tres casos había postulantes interesados para rendir el examen que exige el Consejo de la

Magistratura. Por lo tanto, en lugar de dejar desiertos los espacios, preferimos ocuparlos con

profesionales que tienen toda la idoneidad para hacerlo", explicó.

"De hecho, la misma nota enviada por el Gobierno a la Corte pone de manifiesto la idoneidad

y la capacidad profesional de los conjueces designados", destacó el presidente.

"Lo que priorizamos es dar respuestas a las necesidades que tiene la comunidad. En los tres

casos se trata de lugares para los que es muy difícil conseguir interesados", expresó. Y agregó

que, "en el caso del Segundo Juzgado de Ejecución Penal, por encontrarse dentro de Almafuerte, no

es un lugar donde haya interesados para ir. Allí hay 600 presos condenados y son muchas las

necesidades. Por lo tanto, buscamos dar soluciones".

"En el segundo caso se da una situación parecida. Abrimos un listado de interesados y sólo

se presentó la doctora María del Carmen Páramo; es una profesional que puede cumplir con la tarea,

porque estará de lunes a viernes en el departamento. Esto es muy importante. Aun en la ciudad

tenemos grandes problemas para encontrar interesados en cubrir las vacantes en los juzgados de

Familia. Son tareas de alta exigencia y fortaleza de espíritu, por la misma remuneración que otros

tipos de juzgados. A nadie se le escapa que, ante un error en este tipo de causas, aparece en la

tapa de los diarios y lo amenazan con juicio. Esto desalienta la aparición de postulantes en la

Justicia de familia", refirió el magistrado.

"En tercer lugar, en el caso de la designación de Armando Farina a cargo del Juzgado

Correccional y de Faltas de General Alvear sucedió lo mismo: no hubo interesados que se presentaran

para rendir el examen que exige el Consejo de la Magistratura. Por esta razón, para no dejar el

juzgado sin magistrado, lo que termina recargando al resto, decidimos nombrar en forma interina al

doctor Farina", siguió Pérez Hualde.

El presidente de la Corte aseguró que estos tres casos en los que puso el ojo el Gobierno

son los únicos con esas características. "Hemos realizado 35 designaciones interinas, pero en todos

los casos había postulantes que se habían presentado a rendir el examen. Ahora, solamente en la

Cámara Penal de San Martín estamos haciendo el segundo llamado, pero en el resto no hemos tenido

problemas".

Respecto de los dichos de Alejandro Cazabán, Pérez Hualde prefirió no opinar.

"Me limito a hablar sólo de temas jurídicos, no quiero politizar estos temas. Estoy seguro

de que con las explicaciones que vamos a dar por escrito quedarán salvadas las dudas que tiene el

Ejecutivo", refirió.