Por Paola Alé
Así señalaron diputados y senadores. De la Legislatura provincial sale un promedio de casi un requerimiento por día. Hay un proyecto de ley que propone multar a aquellos que no brindan respuestas.
Durante el 2011 ingresaron al Ejecutivo 1.500 pedidos de informe remitidos por diputados y senadores. Según cálculos realizados por la Secretaría Legal y Técnica, ingresaron siete pedidos de informe por día. Teniendo en cuenta que durante el gobierno de Celso Jaque eran nueve los ministerios, llegó casi un pedido de informe por ministerio, por día. Difícilmente podrían haberse respondido todos.
Pero lo cierto es que los funcionarios están obligados a hacerlo, según lo indica la ley provincial 1.151.
Para entregar la respuesta, existe un plazo estipulado de 10 días hábiles, con la posibilidad de pedir 10 días de prórroga. Según aseguran los legisladores, los funcionarios responden el 50% de las solicitudes y se demoran entre 3 y 4 meses en hacerlo. Este es el motivo por el cual una diputada de la UCR, Lorena Meschini, elaboró un proyecto de ley para multar a los que no respondan los cuestionamientos de los legisladores.
Avalancha de pedidos
Para el secretario Legal y Técnico de la Provincia, Gustavo Tobares, lo que ocurre es que no hay capacidad operativa para responder todos los pedidos que llegan a la Casa de Gobierno.
Además, hasta el año pasado, todos estos documentos ingresaban por Mesa de Entradas de Gobernación. Desde allí se remitían a los correspondientes ministerios. Cuando se redactaba la respuesta, el camino era a la inversa. Ahora, el sistema ha cambiado y cada solicitud de datos enviada por un legislador, ingresa directamente al lugar que debe responder, aunque reconoció que los funcionarios se demoran en brindar una respuesta, pero como atenuante sostuvo que en más de una oportunidad, la solicitud es poco clara, o la cantidad de pedidos de datos es tan grande que no se puede gestionar en el debido tiempo. Casi todos se exceden de los diez días hábiles y diez de prórroga que permite la ley. Mientras, algunos no responden nunca la solicitud legislativa.
Quejas
Del otro lado, los legisladores se quejan. Aseguran que sólo el 50% de los pedidos de informe se responden.
“Teniendo en cuenta que uno de los objetivos principales del Poder Legislativo es controlar, esta costumbre de no brindar información atenta contra nuestra función misma”, opinó el diputado radical Luis Petri, quien además es autor de un proyecto de ley de información pública que obtuvo media sanción, pero que nunca salió del Senado.
Para el senador Carlos Aguinaga (PD), también es un problema obtener respuestas. “No nos va bien con estos proyectos. Muchas veces no responden o evaden datos centrales. Siempre vienen incompletos y hay que reiterarlos”, aseguró el legislador, quien además agregó que nunca hay respuestas antes de los tres meses de remitido el pedido.
Para el diputado peronista federal Daniel Cassia, la experiencia no ha sido tan mala. Dice que obtiene respuestas, pero con muchísima demora. “Muchas veces los temas se aclaran por otro lado. Aunque cuando el funcionario es serio, te llama y te lo aclara antes de responder por escrito”, afirmó.
Proyecto de ley
Con el fin de terminar con esta costumbre de los funcionarios de no responder, demorar demasiado la contestación de los informes o hacerlo en forma incompleta y que luego deba repetirse el pedido, es que la diputada radical Lorena Meschini realizó un proyecto de ley, que ya cuenta con media sanción de la Cámara Baja y fue remitido a comisiones del Senado.
Puntualmente, quiere que los funcionarios que no responden paguen una multa de 500 pesos, aunque el proyecto prevé apercibimientos previos a la multa, que cumplen la función del llamado de atención.
Hasta el momento no ha sido tratado en la sesión de tablas de la Cámara Alta.
