Por Daniel Calivares
Desde la UCR pidieron que para dar su aval, quieren una copia de un decreto y un convenio firmado por los gobernadores de las provincias petroleras y la Nación. En el justicialismo los acusaron de irresponsables y de dilatar los tiempos.
El estatuto de la empresa de Energía, nuevo centro de pelea de radicales y justicialistas
El estatuto de la empresa de energía se convirtió en un nuevo ring de pelea entre oficialismo y oposición. Desde el radicalismo, aseguraron que antes de apoyar el estatuto, quieren que se les reenvíe el decreto 1.277, que forma una comisión de funcionarios nacionales para decidir donde y cómo serán las inversiones y el convenio firmado por los gobernadores, que lo reglamenta.En tanto, desde el oficialismo, explicaron que los senadores tienen el borrador del estatuto hace más de un mes y que no han realizado ningún aporte, por lo que finalmente hoy se decidió que el estatuto ingrese formalmente en las próximas horas y buscar su aprobación, tal cual lo remitió el Ejecutivo provincial para su estudio.
La Empresa de Energía fue sancionada bajo un amplio acuerdo entre radicales y justicialistas, pero ahora su estatuto divide a ambos partidos.
La semana pasada, desde Casa de Gobierno, ya habían advertido que si la oposición no hacía sugerencias, se iba a mandar el proyecto tal cómo había sido redactado en el Ejecutivo, finalmente la paciencia llegó a su fin y el proyecto de estatuto fue ingresado ayer, según explicó el presidente de la comisión de Hidrocarburos del Senado, Fernando Simón (PJ).
Desde el radicalismo, advirtieron que no darán su apoyo hasta no ver el decreto 1.277, que provocó varias acusaciones del radicalismo, principalmente porque para la oposición, ese decreto del gobierno nacional le quitaba a las provincias la potestad sobre sus áreas petroleras, mientras que para el gobierno provincial, estas acusaciones estaban lejos de la realidad.
“Estamos estudiando el estatuto, hay que ver si lo impulsan tal cual está, pero hay una cuestión previa que conocer la realidad del decreto que firmaron los gobernadores con YPF, el reparto de las acciones y las funciones de cada jurisdicción”, explicó el senador radical Armando Camerucci.
El legislador explicó que no pueden encontrar el convenio en ningún lado. “Ese decreto está directamente relacionado a la empresa de Energía”, manifestó Camerucci.En tanto, el también radical Sergio Moralejo, explicó que el decreto que ellos reclaman conocer establecía que será un organismo nacional el que determine las inversiones, y en qué tiempo y lugares se harán, “contradiciendo la política hidrocarburíferas actual”.
“Cuando se discutió la empresa, esta tenía dos componentes principales, uno era el sector hidrocarburífero, que es el 80 por ciento de la materia energética de la provincia y el resto, energías alternativas, pero con todas estas regulaciones, queremos ver hasta donde se afecta a la provincia, por eso queremos ver el convenio”, explicó Moralejo.Estas razones del justicialismo no cayeron nada bien en el seno del PJ, donde el presidente de la comisión de Hidrocarburos y vocero del oficialismo en la empresa de Energía, Fernando Simón, los acusó de irresponsables y dilatadores.
“Hace más de un mes que tienen el estatuto y no han hecho un solo aporte, si no quieren apoyar la empresa de Energía, que dejen de poner excusas”, explicó Simón, quien admitió no saber si el convenio que quiere el radicalismo ha sido remitido a la provincia y en caso de que sea, cuál será la decisión del Ejecutivo sobre el pedido del radicalismo.
“Es una actitud dilatoria e irresponsable, siempre están dilatando”, aseveró Simón, quien agregó que la idea es aprobar el estatuto con consenso, pero aprobarlo, manifestó el legislador.
De hecho, desde el oficialismo sostienen la empresa de Energía garantizará fondos, por el hecho de que poseerá el 10 por ciento de las acciones de las áreas petroleras que se licitaron hace algunas semanas.
En tanto, con respecto a su composición, habrá un presidente y cinco directores, en tanto que las acciones corresponderán a los municipios en un 10 por ciento y en un 90 por ciento a la provincia, de los cuales, el 19 por ciento podrá ser puesto en venta a privados, los que no podrán adquirir más del cinco por ciento cada uno.