Por Daniel Calivares
En Casa de Gobierno ultiman los detalles de dos proyectos de ley que serían enviados los primeros días de noviembre, ya que al menos uno de ellos, debe ser aprobado antes del 2013, para poder figurar en el presupuesto de ese año.
Se trata del proyecto que crea una Agencia de Recaudación Fiscal y el de administración financiera.
“Ambos serán enviados juntos”, explicaron desde el ministerio de Hacienda y agregaron que en el caso de la Agencia, este tendría que sea aprobado rápidamente, para que luego cuente con presupuesto el año que viene.
De hecho, el proyecto está casi terminado e incluso cuenta con el apoyo de los trabajadores de Rentas, nucleados en Sitea, quienes le dieron su aprobación de manera unánime, luego de que el gobierno les cediera dos lugares en el directorio y decidiera que para mejorar el cobro de impuesto, la Agencia se nutra del 4 por ciento de la recaudación general.
En tanto, el segundo de los proyectos es más complicado, ya que sirve para regular los procedimientos administrativos del ministerio de Hacienda, e incluye la ley de Compras.
Este proyecto, reemplazará un decreto acuerdo hecho en 1967, y consiste, entre otras cosas, en un nuevo régimen de compras y contrataciones directas, regula las licitaciones y el procedimiento para sus convocatorias, el pago a proveedores y los tiempos de cada proceso.
Asimismo, provee los tiempos de presentación de la pauta de gastos de cada año, de cuándo se puede autorizar a la adquisición de créditos
En este caso, desde el Ejecutivo explicaron que su aprobación puede darse recién en el 2013, ya que es un proyecto de una gran cantidad de artículos.
Pero no es sólo por eso, sino porque en el Ejecutivo tienen como prioridad la agencia de recaudación fiscal, el estatuto de la empresa de energía y la autarquía judicial.
En el caso del estatuto, Pérez quiere que se apruebe para que la empresa de Energía pueda comenzar a funcionar y de esa manera poder adjudicar las áreas petroleras correspondientes a la tercera ronda de negociación y que se encuentra paralizada por la falta de estatuto.
En cuanto a la autarquía, el apuro es para que sea la Suprema Corte la que administre los fondos del Poder Judicial en el 2013 y en ese sentido, sea el máximo tribunal quien negocie salarios con los trabajadores.
