Por Paola Alé
Hasta media mañana la votación prometía ser reñida pero el resultado viró extrañamente al otro extremo, en pocos minutos.El vice Carlos Ciurca también votó, porque estaban todos los legisladores presentes (38) y el número tiene que ser impar.
El candidato oficial para el Tribunal de Cuentas obtuvo en el Senado 30 bolillas blancas contra 9 negras
Cuestionado y hasta imputado por la Fiscalía de Delitos Complejos por incumplimiento de las tareas de funcionario público y malversación de fondos, el candidato de Francisco Paco Pérez para dirigir el Tribunal de Cuentas pasó de todas formas la prueba del Senado y lo hizo con soltura: con treinta bolillas blancas y 9 negras.
Lo extraño fue el viraje de posturas de varios senadores -sobre todo radicales- que hasta las 10 de la mañana decían que le pondrían bolillas negras y después, cambiaron su voluntad.
Los que advirtieron la semana pasada que estaban en contra de Caputto, fueron los dos senadores del PD, Carlos Aguinaga y Ernesto Corvalán, y los senadores Gustavo Cairo (Pro) y Gustavo Valls (PJ Federal). Es posible que cuatro de las 9 bolillas negras pertenezcan a estos legisladores.
La incógnita es qué pasó con el radicalismo. El presidente de la bancada, Armando Camerucci, y el senador Juan Carlos Jaliff, aseguraron que la defensa que Caputto hizo acerca de la imputación, fue nula durante la audiencia pública del miércoles pasado. El único cambio entre esa situación y lo que ocurrió hoy, fue una carta enviada a los radicales por este funcionario, explicándoles lo que no pudo, quiso o supo explicar durante la exposición previa a la votación. De todas maneras, teniendo en cuenta que hasta el viernes pasado la UCR quería bajar el pliego de Caputto y votarle en contra, la situación es muy extraña. Al menos 8 de los 13 radicales que conforman el bloque en Senadores debieron poner bolillas negras. El punto es qué los hizo cambiar tanto de opinión. Toda una incógnita.
De qué se lo acusaCaputto, quien ha conformado en directorio de Juegos y Casinos hasta el momento, fue imputado la semana pasada por el fiscal de Delitos Complejos Daniel Carniello.
El motivo de la imputación fue por incumplimiento de las tareas de funcionario público y malversación de fondos. Esto por no cumplir con la ley 8.383, que dispone que se cobre una taquilla de 4 pesos en los casinos estatales y privados –se denomina Impuesto Solidario Educativo–, dinero con el que se construirían salas de cuatro años.
Según el empleado del casino denunciante, Cristian Leiva, no sólo no se cobró ese dinero sino que las autoridades del instituto utilizaban los fondos destinados a la partida de publicidad y difusión para abonar a Rentas las obligaciones que debían ser abonadas con ese impuesto que no se cobra.
También lo cuestionaron por la renegociación del contrato con la empresa que administra las máquinas tragamonedas de los casinos.
