Por Pablo Abeleirapabeleira@diariouno.net.ar
El actual esquema presupuestario no permite erogaciones para ítems como la obra pública. El panorama que plantearía la autarquía judicial está en el ojo del debate entre políticos y jueces.
El 91 por ciento del presupuesto del Poder Judicial fue destinado al pago de sueldos
En medio de las definiciones políticas por el proyecto de ley de autarquía para la Justicia que envió el Ejecutivo a la Legislatura la semana pasada se encuentra el aparato del Poder Judicial, un gigante que este año utilizó fondos por más de $730 millones y que este año destinó $668 millones exclusivamente al pago de salarios.
Actualmente, la Provincia provee fondos para el funcionamiento del sistema de justicia incluyéndolos en la confección del presupuesto. Allí queda discriminado el objeto del gasto y el financiamiento. El monto alcanzado en 2012 fue de $732 millones, más del doble de lo que se presupuestó tres años atrás, cuando los fondos asignados fueron de $354 millones.
Para calcular la magnitud del aparato judicial, basta con compararlo porcentualmente con lo que recibe el legislativo, al que este año le fue asignada una partida que representa el 22% del monto que maneja la Justicia.
Una de las mayores dificultades con las que hoy debe lidiar el Poder Judicial está ligada a la distribución de los recursos. En los actuales esquemas, la mayor parte del dinero que ingresa es utilizado para el pago de sueldos del personal permanente del Poder Judicial . Este año, ese ítem se llevó el 91% de los recursos, algo que los especialistas se encargan de señalar como un problema de difícil solución.
En opinión de Raúl Vicchi, coordinador de Relaciones Institucionales de la Suprema Corte de Justicia, “cuando casi todo el gasto está previsto para el pago del personal, es muy complicado que el Poder Judicial pueda funcionar al máximo de sus posibilidades, porque esto quiere decir que hay que sacrificar erogaciones importantes”.
Tras las negociaciones que produjeron cruces entre el Poder Ejecutivo y el gremio de los judiciales, ese porcentaje ascendió incluso hasta superar el total del presupuesto previsto por el Gobierno, en el ejercicio 2012.
“Con los reajustes salariales a mitad de año, estimamos que se alcanzan los $750 millones en el pago de haberes del personal permanente”, dijo Vicchi.
El dinero en cuestión alcanza para pagar los sueldos de 4.815 empleados, entre los que se cuentan magistrados, funcionarios asignados a los equipos d, funcionarios y personal jerárquico, personal técnico y administrativo, y personal de maestranza y servicios, divididos en cuatro circunscripciones judiciales. En este sentido, es la primera circunscripción la que aporta la mayor cantidad de recurso humano, con 3.418 personas.
Ligado al devenir de las demandas sociales, el aparato de Justicia que sirve a los mendocinos es objeto de permanentes cambios que buscan mejorar su eficacia. La importancia de algunos de ellos han representado un antes y un después en su funcionamiento.
En 1997 se incorporó el Consejo de la Magistratura en la Constitución mendocina. La norma determina que el organismo esté integrado por un miembro de la Suprema Corte, un representante del Poder Ejecutivo; un magistrado en ejercicio, dos abogados y dos diputados de diferentes partidos políticos, cargos que se renuevan cada dos años.
La creación de este organismo puso de manifiesto la necesidad de incorporar representantes de diferentes sectores para, por ejemplo, proponer el nombramiento de los jueces.
Uno de los hitos importantes en materia de cambios en el sistema fue 2004. En junio de ese año se sancionó la ley 7.231, que aprobó la aplicación –en forma parcial– del Código Procesal Penal en algunos departamentos. La norma quedó vigente en su totalidad, con la ley 7.232, al mismo tiempo en que eran habilitadas nueve fiscalías de instrucción y seis defensorías penales.
Ya para diciembre de 2004 comenzaron a funcionar las llamadas oficinas fiscales, supervisadas por ayudantes fiscales, con autoridad permanente en las comisarías que reciben las denuncias.
La ejecución se realizó en forma progresiva y parcial, debido a los altos costos que se debían afrontar tanto para incorporar empleados como para capacitarlos.En 2005, un antecedente de carácter constitucional planteó el debate de la autarquía judicial por última vez, antes de que el gobierno redactara el proyecto de ley. En las elecciones de octubre de ese año, se votó en referéndum una reforma parcial de la Constitución de la provincia. Dentro de los cambios que hacían referencia a la órbita de lo judicial estaba la introducción de la autarquía financiera del aparato judicial, además de la reformulación del principio de intangibilidad de las remuneraciones de los magistrados y la introducción de juicios por jurado.