Ejecutarán hipotecas de 3 casas del IPV

"Creemos que para combatir el déficit habitacional no sólo hay que construir viviendas sino

también hay que garantizar que las viviendas que están construidas con financiamiento del IPV sean

ocupadas por sus reales adjudicatarios", argumentó Carmelo Simó, presidente del IPV.

Las tres primeras viviendas en cuestión tienen un alto grado de mora, es decir, que registran

gran cantidad de cuotas impagas y, además, están alquiladas sin autorización, algo que está

prohibido por la normativa del IPV, vigente desde 1977. "Como ya están escrituradas, tendremos que

llegar a la ejecución de la hipoteca para recuperarlas", advirtió el funcionario. La restante aún

no tiene esa documentación, por eso el IPV inició las gestiones para desajudicársela al

beneficiario y readjudicársela al inquilino.

El organismo lanzó una campaña para que los inquilinos denuncien, de manera anónima, si están

alquilando una casa del IPV. Es que las viviendas del instituto no pueden venderse ni alquilarse

sin autorización previa (ver aparte). Las denuncias son anónimas y pueden realizarse al

0-800-222-4748. Desde que se implementó la campaña, el organismo lleva 75 denuncias recibidas.

Pero las viviendas alquiladas indebidamente no son la única cuestión que distorsiona el

objetivo del IPV. El funcionario afirmó: "Apenas asumimos, detectamos que entregábamos los barrios

y al tiempo recibíamos denuncias de los mismos vecinos de que había algunas casas que no se habían

ocupado. La vivienda que se construye con recursos del Estado, a través del IPV, se entrega en

condiciones de habitabilidad, con todos los servicios, pero en algunos casos, la familia quiere

pintarla, colocarle cerámicos o ponerle rejas y eso demanda unos meses. Pasado ese tiempo

razonable, digamos de uno o dos meses, la casa tiene que ser habitada por su adjudicatario".

Simó contó que el primer caso que desenmascararon los llevó hasta la Suprema Corte de

Justicia. Se trataba de una casa del programa Inquilinos que había sido otorgada a una familia,

pero era habitada por otra. "Nosotros suponemos que la familia que la habitaba era la que realmente

la quería, pero no le daban los requisitos de ingresos para acceder al programa, por eso puso a

alguien conocido que sí llegaba".

Otra situación que se ha detectado en las inspecciones del IPV son "inversores" que compran

las viviendas recién entregadas y las alquilan a terceros. "Algunos especuladores compran en

distintos barrios y muchas veces los adjudicatarios las venden sin pedir autorización al IPV. El

comprador alquila las casas, paga las cuotas, que son de $80, y las alquila a $500", graficó el

funcionario.

"Detectamos esta situación a raíz de la denuncia de una mujer que vino con su contrato de

alquiler y a los pocos días entró otra denuncia con otro contrato de alquiler a nombre del mismo

dueño. O sea, esa persona alquilaba dos viviendas del IPV, que las había comprado, pero nunca se

hizo la regularización nominal. Este es un caso extremo. El comprador debe ocupar la vivienda,

¿pero cómo hace si tiene dos? Nosotros exigimos que viva la familia adjudicataria porque nadie

pidió permiso para vender. Entonces, desadjudicamos la casa y como no tenemos trato con el dueño,

pierde todo: la casa y el dinero que invirtió para comprarla".

Sin riesgo

Simó aclaró que el inquilino de una casa del IPV no corre el riesgo de ser

desalojado y que incluso puede convertirse en adjudicatario. Los inspectores de la repartición

concurren al domicilio para constatar que está habitado por el adjudicatario. Si no es así,

comienza el trámite de desajudicación y, mientras tanto, el inquilino queda en custodia de la

vivienda, en comodato. "Luego se le da un tiempo razonable para que presente los papeles que le

permitan constituirse en beneficiario. Si está todo en condiciones, entonces se le readjudica la

vivienda donde vive".