Mendoza
El organismo de control estatal emitió una advertencia a la Secretaría de Ambiente remarcando posibles irregularidades formales que invalidarían la declaración de impacto ambiental que se realizó en el marco del trámite de habilitación del proyecto de exp

Después de la alerta de la Fiscalía, el Gobierno comenzó a temer por la explotación en Llancanelo

Por UNO

El temor a que intereses económicos particulares impidan el inicio de la explotación petrolera a

cargo de YPF en las inmediaciones de la reserva natural de Llancanelo sobrevuela la Casa de

Gobierno, más allá de la convicción de que la sola notificación recibida de Fiscalía de Estado no

tiene efectos suspensivos del emprendimiento.

El organismo de control estatal emitió una advertencia a la Secretaría de Ambiente remarcando

posibles irregularidades formales que invalidarían la declaración de impacto ambiental que se

realizó en el marco del trámite de habilitación del proyecto de explotación petrolera en Malargüe.

El cuestionamiento se originó en la presentación del matrimonio Barros, propietario de una

parcela de la zona que alega la falta de un plano de mensura que determine exactamente cuáles son

las tierras en las que se realizarán los trabajos de exploración. Como superficiarios, los Barros

tendrían derecho a percibir dinero de parte de la compañía que ejecutará la explotación si en el

plano de mensura quedara establecido que su propiedad está dentro del área habilitada para el

desarrollo de los trabajos de YPF.

La presentación realizada por Juan Antonio Barros y Carmen Ruiz es vista desde los organismos

gubernamentales involucrados en el tema como una amenaza particular que podría complicar la

iniciación de la exploración si se trasladara a ámbitos judiciales. Lo cual no es descartado

porque, según olfatean en el oficialismo, hay intereses económicos detrás del planteo.

Fuera de la situación particular de los Barros, tanto en el área de reserva natural como en

la que se ha previsto para la actividad petrolera puede haber terrenos de propiedad privada. Los

comprendidos dentro del área de exploración tiene derechos económicos.

La delimitación y propiedad de esas parcelas no estaría dispuesta en el plano de mensura que

la Secretaría de Ambiente utilizó de referencia en el trámite de la declaración de impacto

ambiental.

Según Guillermo Carmona, titular de la dependencia ambiental, para la instancia de aprobación

del expediente de explotación a favor de YPF las mensuras internas no eran necesarias. "Contamos

con la delimitación del área protegida realizada por la Dirección de Catastro", dijo el

funcionario.

El área protegida incluye el perímetro completo de la laguna y una extensión de su entorno,

que varía entre uno y cuatro kilómetros. Fuera de esa zona, YPF comenzará construyendo cuatro pozos

de los 15 que comprende el proyecto en su totalidad. Se han previsto también trabajos de

amortiguación del impacto sobre la superficie.

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