El temor a que intereses económicos particulares impidan el inicio de la explotación petrolera a
cargo de YPF en las inmediaciones de la reserva natural de Llancanelo sobrevuela la Casa de
Gobierno, más allá de la convicción de que la sola notificación recibida de Fiscalía de Estado no
tiene efectos suspensivos del emprendimiento.
El organismo de control estatal emitió una advertencia a la Secretaría de Ambiente remarcando
posibles irregularidades formales que invalidarían la declaración de impacto ambiental que se
realizó en el marco del trámite de habilitación del proyecto de explotación petrolera en Malargüe.
El cuestionamiento se originó en la presentación del matrimonio Barros, propietario de una
parcela de la zona que alega la falta de un plano de mensura que determine exactamente cuáles son
las tierras en las que se realizarán los trabajos de exploración. Como superficiarios, los Barros
tendrían derecho a percibir dinero de parte de la compañía que ejecutará la explotación si en el
plano de mensura quedara establecido que su propiedad está dentro del área habilitada para el
desarrollo de los trabajos de YPF.
La presentación realizada por Juan Antonio Barros y Carmen Ruiz es vista desde los organismos
gubernamentales involucrados en el tema como una amenaza particular que podría complicar la
iniciación de la exploración si se trasladara a ámbitos judiciales. Lo cual no es descartado
porque, según olfatean en el oficialismo, hay intereses económicos detrás del planteo.
Fuera de la situación particular de los Barros, tanto en el área de reserva natural como en
la que se ha previsto para la actividad petrolera puede haber terrenos de propiedad privada. Los
comprendidos dentro del área de exploración tiene derechos económicos.
La delimitación y propiedad de esas parcelas no estaría dispuesta en el plano de mensura que
la Secretaría de Ambiente utilizó de referencia en el trámite de la declaración de impacto
ambiental.
Según Guillermo Carmona, titular de la dependencia ambiental, para la instancia de aprobación
del expediente de explotación a favor de YPF las mensuras internas no eran necesarias. "Contamos
con la delimitación del área protegida realizada por la Dirección de Catastro", dijo el
funcionario.
El área protegida incluye el perímetro completo de la laguna y una extensión de su entorno,
que varía entre uno y cuatro kilómetros. Fuera de esa zona, YPF comenzará construyendo cuatro pozos
de los 15 que comprende el proyecto en su totalidad. Se han previsto también trabajos de
amortiguación del impacto sobre la superficie.
