Esta comisión pone en tela de juicio la veracidad de los datos aportados por los testigos conidentidad reservada y la transparencia en la liquidación de las cifras prometidas por parte delMinisterio de Seguridad a quienes aportan información para distintos casos. Ricardo Puga, titular de la comisión, adelantó que el próximo paso será citar a familiares devíctimas de los casos que están en duda y que pedirá a la Justicia un detalle de todos los casos enlos que se implementó el pago de recompensa por información. El diputado no descartó citar al ministro de Seguridad, Carlos Aranda, ya que el tema competeprimordialmente a su cartera y al procurador general de la Corte, Rodolfo González. Por ahora, sólo se están investigando seis casos que son: los asesinatos de Emir Manzur enGuaymallén, el policía Gustavo Ramet, en Las Heras, Marcos Cardozo en Luján, Yanet Serapio, quienademás fue violada, en Lavalle; Juan Lucero en la Alameda y el del empresario Juan Manuel Olmo, enGodoy Cruz. En todos ellos, se revisara la existencia de falsos testigos y recompensas mal pagadas. Por su parte, el diputado Luis Petri indicó que si bien está vigente una Ley de Pago deRecompensas, el Ejecutivo no la está implementando. "Al Ministerio de Seguridad le vamos apreguntar cuánto se ha pagado a informantes y cómo están instrumentado la ley que existe", agregóel cobista. El abogado Carlos Acosta, uno de los encargados de proveer la información, pidió que lacomisión se enfoque, además, en pedir una reformulación del Ministerio Público Fiscal, que seestablezca un protocolo para el uso, implementación, ofrecimiento y pago de las recompensas y quese convoque a las cátedras de derecho penal.
Lo que señalan como incumplido El diputado Luis Petri es autor de la norma en cuestión y explicó los pasos que el Ejecutivono estarían cumpliendo. "No se le da cumplimiento a la sección de la Ley que requiere informar al Ministerio Público Fiscal, porque una vez que aparece una persona, y se la incorpora al proceso, antes de hacer elpago la cartera de Seguridad debe solicitar un dictamen para que ese organismo determine si laintervención de esa persona sirvió o no para el esclarecimiento del caso. Sólo con ese dictamen sepuede instrumentar el pago y ese pago sólo puede hacerlo el escribano general de Gobierno.Cualquier otro pago que no se haya hecho así es ilegal", concluyó Petri.
