Mendoza
La Comisión de Derechos y Garantías de la Cámara de Diputados también podría llamar al ministro de Seguridad, Carlos Aranda.

Decidieron citar al procurador de la Corte y a familiares de víctimas por el pago de recompensas a testigos

Por UNO

La Comisión de Derechos y Garantías de la Cámara de Diputados determinó hoy los pasos a seguir enla investigación sobre el pago a testigos reservados. Citará a familiares de víctimas, el

procurador general de la Corte y, posiblemente, al ministro de Seguridad Aranda. (Ver nota aparte)

Esta comisión pone en tela de juicio la veracidad de los datos aportados por los testigos con

identidad reservada y la transparencia en la liquidación de las cifras prometidas por parte del

Ministerio de Seguridad a quienes aportan información para distintos casos.

Ricardo Puga, titular de la comisión, adelantó que el próximo paso será citar a familiares de

víctimas de los casos que están en duda y que pedirá a la Justicia un detalle de todos los casos en

los que se implementó el pago de recompensa por información.

El diputado no descartó citar al ministro de Seguridad, Carlos Aranda, ya que el tema compete

primordialmente a su cartera y al procurador general de la Corte, Rodolfo González.

Por ahora, sólo se están investigando seis casos que son: los asesinatos de Emir Manzur en

Guaymallén, el policía Gustavo Ramet, en Las Heras, Marcos Cardozo en Luján, Yanet Serapio, quien

además fue violada, en Lavalle; Juan Lucero en la Alameda y el del empresario Juan Manuel Olmo, en

Godoy Cruz.

En todos ellos, se revisara la existencia de falsos testigos y recompensas mal pagadas.

Por su parte, el diputado Luis Petri indicó que si bien está vigente una Ley de Pago de

Recompensas, el Ejecutivo no la está implementando. "Al Ministerio de Seguridad le vamos a

preguntar cuánto se ha pagado a informantes y cómo están instrumentado la ley que existe", agregó

el cobista.

El abogado Carlos Acosta, uno de los encargados de proveer la información, pidió que la

comisión se enfoque, además, en pedir una reformulación del Ministerio Público Fiscal, que se

establezca un protocolo para el uso, implementación, ofrecimiento y pago de las recompensas y que

se convoque a las cátedras de derecho penal.

Lo que señalan como incumplido

El diputado Luis Petri es autor de la norma en cuestión y explicó los pasos que el Ejecutivo

no estarían cumpliendo.

"No se le da cumplimiento a la sección de la Ley que requiere informar al Ministerio Público

Fiscal, porque una vez que aparece una persona, y se la incorpora al proceso, antes de hacer el

pago la cartera de Seguridad debe solicitar un dictamen para que ese organismo determine si la

intervención de esa persona sirvió o no para el esclarecimiento del caso. Sólo con ese dictamen se

puede instrumentar el pago y ese pago sólo puede hacerlo el escribano general de Gobierno.

Cualquier otro pago que no se haya hecho así es ilegal", concluyó Petri.

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