La medida, que alcanza a los presos políticos entre 1955 y 1983, fue establecida por una
ley nacional que no está reglamentada y en consecuencia aún no hay unmecanismo para determinar quiénes serán beneficiarios. "Lo cierto es que no hay un requisito probatorio muy estricto (para saber quiénes fueron verdaderamente presos políticos) y en eso sólo tenemos la ayuda del Archivo Nacional de la Memoria", reconoció María José Ubaldini, directora de Derechos Humanos. Además de los beneficios que obtendrán según la Ley Nacional, quienes sean probados como exdetenidos recibirán atenciones especiales desde el Gobierno Provincial. "La idea es saber cuál essu situación actual, las necesidades que tienen en cuanto a vivienda, salud, etcétera, para poderencarar las políticas públicas en este sentido", añadió Ubaldini. Para anotarse en el registro, las personas que hayan sido presos políticos en el períodoentre 1955 y 1983 deberán presentarse en la Dirección de Derechos Humanos, ubicada en el tercerpiso de la Casa de Gobierno, de 8 a 17 y llenar voluntariamente un formulario (ya estructuradodesde la Nación) para censarse como ex preso y otro para hacerse acreedores de las indemnizaciones.