La presencia constante de metales peligrosos, como el mercurio, en el agua que se consume debe sertomada en serio aunque los valores que se detecten en las mediciones no sean superiores a los
tolerables.
Esta es la visión del investigador Alfredo Castro Vázquez frente a una situación que, aunquepara él anómala, no tiene sanción de la Justicia penal. Por el caso que estalló el 16 de abril último y que provocó que buena parte del Gran Mendozase quedara sin agua potable durante casi 72 horas, la Justicia no encontró pruebas pararesponsabilizar de un delito a la elaboradora de ácido clorhídrico, hipoclorito de sodio y sodacáustica enclavada al borde del canal cacique Guaymallén a la altura de Chacras de Coria en eldepartamento Luján. Según se supo en las horas posteriores, la intervenida empresa Obras Sanitarias detectó unpeligroso nivel de mercurio en la entrada a dos de sus potabilizadoras. Sobre la base de este hallazgo, la Secretaría de Ambiente, a cargo de Guillermo Carmona,cerró definitivamente la planta de la empresa Keghart, productora de soda cáustica y lavandina,entre otros productos. Sin embargo, el solo hecho de volcar metales peligrosos a un cauce que provee agua a dosplantas potabilizadoras no es considerado delito para la Justicia penal. Para que sí sea investigado y castigado como tal el vertido debe ser de una magnitud tal queponga en riesgo la salud pública. Hasta ahí el concepto jurídico aplicado por la fiscal instructora de Delitos ComplejosClaudia Ríos Ortiz frente al caso de la empresa Keghart, para la cual no dispuso sanción penal. Muy distinta es la observación de los investigadores que trabajaron con el auspicio deMedicina de la UNCuyo, el Conicet y el Fondo Nacional de Ciencia y Técnica, para quienes hay quetrabajar para evitar hasta el mínimo nivel de metales peligrosos en la red de agua potable.
