El fiscal está libre

Negaron prisión domiciliaria a comisario acusado de integrar banda liderada por fiscal

El imputado es Roberto Adrián Okurzaty, preso desde julio. El fiscal está libre aunque fue separado de su cargo y se pidió el desafuero. Armaban causas narco.

La Cámara Federal de San Martín (provincia de Buenos Aires) confirmó el fallo que rechazó otorgar prisión domiciliaria a un comisario de la policía bonaerense detenido como acusado de integrar una asociación ilícita presuntamente liderada por el fiscal de San Isidro Claudio Scapolán, que armaba causas por narcotráfico y a la que se le atribuye el robo de al menos 555 kilos de cocaína, 33.000 dólares y 386.000 pesos.

Esta resolución de segunda instancia recayó sobre el imputado Roberto Adrián Okurzaty, quien está preso desde julio de 2020 por orden de la jueza federal sanisidrinese a cargo de la pesquisa, Sandra Arroyo Salgado.

Sandra Arroyo Salgado.
La jueza federal sanisidrinese a cargo de la pesquisa contra el fiscal y el comisario a quien negaron la prisión domiciliaria, Sandra Arroyo Salgado.

La jueza federal sanisidrinese a cargo de la pesquisa contra el fiscal y el comisario a quien negaron la prisión domiciliaria, Sandra Arroyo Salgado.

Fuentes judiciales citadas por la agencia estatal Télam afirmaro que la Sala I confirmó el fallo de la magistrada que rechazó otorgarle la prisión domiciliaria al comisario, quien está procesado como organizador de asociación ilícita, uso y falsificación de documentos públicos, extorsión reiterada, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

"Compútanse como pautas indicativas de un concreto riesgo procesal de fuga o entorpecimiento en la investigación la severidad de la pena conminada en abstracto; la envergadura y gravedad de los hechos concretos comprobados en el sumario; los conocimientos específicos y la disposición de medios logísticos que poseía la estructura que Okurzaty integraba", sostuvo la Cámara al oponerse a la prisión domiciliaria. "Compútanse como pautas indicativas de un concreto riesgo procesal de fuga o entorpecimiento en la investigación la severidad de la pena conminada en abstracto; la envergadura y gravedad de los hechos concretos comprobados en el sumario; los conocimientos específicos y la disposición de medios logísticos que poseía la estructura que Okurzaty integraba", sostuvo la Cámara al oponerse a la prisión domiciliaria.

"Tampoco puede obviarse de la evaluación que el nombrado integra una fuerza de seguridad, además de su posición jerárquica, concretamente, como Comisario de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, circunstancias que permitirían presumir la disposición de una amplia red de contactos", indicaron los camaristas Pablo Salas, Marcelo Fernández y Néstor Barral.

Por esta misma causa, el 5 de enero pasado fue detenido el subteniente de la Delegación de Drogas Ilícitas de Quilmes, Adrián Gonzalo Baeta, quien era buscado por las autoridades desde hacía meses.

Este policía fue involucrado en la causa por la declaración como "arrepentido" de un exmiembro de la fuerza, identificado como Carlos Maidana, quien se refirió a su rol como testigo en el procedimiento "Leones Blancos" dispuesto por el fiscal Scapolán, ahora acusado de ser el "jefe" de la asociación ilícita.

Según la pesquisa, Baeta actuó en la interceptación de los vehículos con droga en el operativo denominado "Leones Blancos", realizado en 2013 en el partido de Moreno, donde se incautó un cargamento de alrededor de una tonelada de cocaína, aunque oficialmente sólo se consignó la mitad.

En total, en el expediente están imputados a 41 efectivos de la policía bonaerense y tres abogados como integrantes de esa organización delictiva, mientras que la jueza Arroyo Salgado procesó a 15 personas, a 14 de ellas con prisión preventiva, aunque dos –Maximiliano Jarisch y Gustavo Sanvitale, ambos secretarios judiciales- quedaron con falta de mérito en diciembre pasado a partir de un fallo de la Cámara de San Martín.

Por su parte, el fiscal Scapolán está imputado en el mismo expediente, a raíz de lo cual fue separado de su cargo y afronta un pedido de desafuero.

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