"Compútanse como pautas indicativas de un concreto riesgo procesal de fuga o entorpecimiento en la investigación la severidad de la pena conminada en abstracto; la envergadura y gravedad de los hechos concretos comprobados en el sumario; los conocimientos específicos y la disposición de medios logísticos que poseía la estructura que Okurzaty integraba", sostuvo la Cámara al oponerse a la prisión domiciliaria. "Compútanse como pautas indicativas de un concreto riesgo procesal de fuga o entorpecimiento en la investigación la severidad de la pena conminada en abstracto; la envergadura y gravedad de los hechos concretos comprobados en el sumario; los conocimientos específicos y la disposición de medios logísticos que poseía la estructura que Okurzaty integraba", sostuvo la Cámara al oponerse a la prisión domiciliaria.
"Tampoco puede obviarse de la evaluación que el nombrado integra una fuerza de seguridad, además de su posición jerárquica, concretamente, como Comisario de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, circunstancias que permitirían presumir la disposición de una amplia red de contactos", indicaron los camaristas Pablo Salas, Marcelo Fernández y Néstor Barral.
Por esta misma causa, el 5 de enero pasado fue detenido el subteniente de la Delegación de Drogas Ilícitas de Quilmes, Adrián Gonzalo Baeta, quien era buscado por las autoridades desde hacía meses.
Este policía fue involucrado en la causa por la declaración como "arrepentido" de un exmiembro de la fuerza, identificado como Carlos Maidana, quien se refirió a su rol como testigo en el procedimiento "Leones Blancos" dispuesto por el fiscal Scapolán, ahora acusado de ser el "jefe" de la asociación ilícita.
Según la pesquisa, Baeta actuó en la interceptación de los vehículos con droga en el operativo denominado "Leones Blancos", realizado en 2013 en el partido de Moreno, donde se incautó un cargamento de alrededor de una tonelada de cocaína, aunque oficialmente sólo se consignó la mitad.
En total, en el expediente están imputados a 41 efectivos de la policía bonaerense y tres abogados como integrantes de esa organización delictiva, mientras que la jueza Arroyo Salgado procesó a 15 personas, a 14 de ellas con prisión preventiva, aunque dos –Maximiliano Jarisch y Gustavo Sanvitale, ambos secretarios judiciales- quedaron con falta de mérito en diciembre pasado a partir de un fallo de la Cámara de San Martín.
Por su parte, el fiscal Scapolán está imputado en el mismo expediente, a raíz de lo cual fue separado de su cargo y afronta un pedido de desafuero.