Industrial Acquisitions Fund LLC (IAF), grupo inversor y principal accionista de IMPSA S.A., llegó a un acuerdo extrajudicial de reestructuración de deuda para “patear” vencimientos hasta el 2044.
IMPSA fue una empresa emblema de la industria pesada nacional. Imagen ilustrativa.
Ese acuerdo preventivo (APE) ya fue presentado en el Segundo Juzgado de Procesos Concursales de la Provincia de Mendoza con el objetivo de mantener la paridad entre los acreedores y asegurar que la reestructuración resulte vinculante para todos.
Según informó IMPSA a la Comisión Nacional de Valores, el acuerdo no prevé quitas de capital, sino un reperfilamiento de plazos. Es decir, implica que cada acreedor recibirá nuevos instrumentos de deuda en dólares conservando el valor nominal original de cada deuda elegible –más los intereses devengados hasta el cierre-.
Las claves del acuerdo al que llegó IMPSA
La clave del acuerdo al que llegó IMPSA pasa por los plazos de vencimiento de esos títulos de deuda: el capital se amortizará en 9 cuotas anuales iguales (11,11%) pero a pagar recién a partir del 31 de diciembre de 2036; culminando los pagos a fines de 2044.
Estos nuevos títulos de deuda devengarán intereses compensatorios a una tasa del 1,5% nominal anual, sobre saldos pendientes de capital, desde la fecha de cierre de la reestructuración.
El que se devengue desde ese momento hasta el 31 de diciembre de 2027, se capitalizará y pasará a formar parte del capital del nuevo título de deuda sobre el cual se calcularán los intereses futuros.
Entre el 1 de enero de 2028 y el final de 2032, los intereses se pagarán semestralmente de la siguiente forma: 50% en efectivo; y 50% se capitalizará.
Ya a partir del 2033, IMPSA acordó pagar todos los intereses en efectivo (los generados por el nuevo título de deuda más los capitalizados).
Esta propuesta de reestructuración ordenada y sin quitas, con pagos diferidos y capitalización parcial de intereses necesita el ok del juzgado, por lo que la propia IMPSA -que alguna vez fue nave insignia de la industria nacional- se comprometió a mantener a sus acreedores y proveedores informados acerca del devenir de las actuaciones judiciales, “así como los términos específicos de la oferta de APE a presentarse y la convocatoria a las respectivas asambleas de obligacionistas y bonistas”.