Cómo se prepara Mendoza para el FAL, el fondo que cambia la forma de afrontar los despidos

“Los empleadores recién ahora están tomando plenamente conocimiento e interiorizándose de qué es lo que van a tener que hacer”, advirtió Carina Egea, fundadora y presidenta de Portfolio S.A., una firma de asesoría financiera con sede en Mendoza. Como consecuencia, agregó, abundan “las dudas y consultas”.

Para Santiago Pérez Araujo, director de la Bolsa de Comercio de Mendoza, desde la mirada del mercado y a título personal, el esquema no debería modificar sustancialmente los costos de las pequeñas y medianas empresas.

Mientras que para Jorge Mosso, asesor financiero matriculado en la CNV, director de empresas y consejero de cámaras empresariales, el foco está puesto en la competencia entre las entidades que administrarán los recursos y la capacidad de las inversiones para acompañar las necesidades de las compañías.

Una oportunidad para el mercado financiero

El Fondo de Asistencia Laboral (FAL), impulsado por el gobierno de Javier Milei y creado por la Ley de Modernización Laboral, es un mecanismo para que las empresas privadas acumulen recursos destinados a pagar indemnizaciones y otras obligaciones por la finalización de una relación laboral.

Se financiará con contribuciones mensuales de los empleadores, mediante una reducción equivalente de las contribuciones patronales, por lo que, según sus impulsores, no representa un costo adicional para el empleador. Las MiPyMEs aportarán el 2,5% de la nómina salarial y las grandes empresas, el 1%.

“No van a generar un gasto adicional, sino que se va a detraer de una recomposición diferente de los aportes patronales”, explicó Egea. En la misma línea, Pérez Araujo sostuvo: “A la pyme no le va a cambiar mucho en cuanto a costo”.

La magnitud del sistema explica el interés del mercado financiero. El régimen alcanza a unas 525.000 empresas y seis millones de trabajadores, de los cuales el 98% corresponde a pymes de menos de 100 empleados. El flujo mensual se estima en más de $260.000 millones. En términos anuales, algunas (Agentes de Liquidación y Compensación) ALyCs calculan alrededor de U$S2.000 millones brutos, aunque otras estimaciones se acercan al doble.

Esos recursos deberán canalizarse a través de las entidades habilitadas, mediante fondos comunes de inversión o fideicomisos financieros. Para los administradores, el desafío será captar una parte de ese volumen y definir carteras que combinen rendimiento, liquidez y riesgo de acuerdo con las características del régimen.

Egea detalló dos cuestiones centrales para los empleadores. “Los fondos no son del empleado, sino que son del empleador y por lo tanto conforman parte del patrimonio del empleador”, explicó sobre la propiedad de los recursos. Además, remarcó que el FAL “no reemplaza la indemnización, sino que es una forma de darle una previsibilidad financiera al momento en que tenga que afrontar los gastos”.

El uso de esos fondos tiene restricciones: se requieren seis aportes mensuales consecutivos antes de poder utilizarlos y la cobertura alcanza al personal con 12 meses o más de antigüedad. Por eso, Pérez Araujo lo sintetizó como “una semillita que va creciendo paulatinamente”.

La primera decisión de las empresas: quién administrará el dinero

La obligación de aportar no implica que cada empleador deba elegir voluntariamente una administradora. Si no lo hace, el sistema contempla una asignación aleatoria. “Elijan o no una administradora, si no lo eligen en forma voluntaria, el sistema va a hacer un procedimiento aleatorio”, advirtió Egea.

La primera asignación masiva está prevista para enero de 2027, mientras que la primera ventana para cambiar de administradora se abrirá en junio de ese año.

Para las empresas, la elección supone evaluar más que una comisión. La trayectoria del administrador, su capacidad profesional, la liquidez de la cartera y la estrategia de inversión serán factores relevantes. La decisión también dependerá de la dinámica laboral de cada compañía: no tiene las mismas necesidades una pyme con alta rotación de personal que otra con una dotación estable.

Las estrategias para captar los fondos

La competencia por administrar el FAL enfrenta a entidades con modelos de negocio diferentes. Los bancos parten de una relación previa con las empresas, especialmente a través del pago de salarios, mientras que las ALyCs pueden buscar diferenciarse mediante una gestión de inversiones más activa.

“Lo ven como una herramienta de fidelización más que como un negocio de comisiones”, analizó Mosso sobre la estrategia bancaria. La ventaja está en la posibilidad de profundizar el vínculo comercial con clientes que ya operan con la entidad. A eso se suma la portabilidad: si una empresa decide cambiar de banco o de administradora, puede trasladar el fondo.

Sobre la situación puntual de la provincia, Pérez Araujo señaló que varios bancos ya ofrecen comisión cero durante el primer año, aunque la normativa establece un tope del 1%. La estrategia responde, según explicó, a que las entidades entienden el FAL como un negocio de volumen y captación de cartera. También anticipó que, en algunos casos, la contratación podría convertirse en una condición de reciprocidad comercial, de manera similar a la acreditación de las nóminas salariales.

Mosso evaluó, sin embargo, que sigue pendiente una preocupación del sector bancario: el período de carencia, que las entidades consideraban corto para permitir que los fondos acumulen volumen y que la reglamentación no amplió.

Las ALyCs, en cambio, deberán construir su propuesta sobre la gestión de los fondos. “Al banco le interesa el plan sueldo para luego prestar y vender servicios, no administrar el FAL”, evaluó Mosso, referente de MKM Financial Services.

Una de las firmas del sector apunta a captar el 5% de los recursos y administrar unos U$S10.000 millones en cinco años, frente a los U$S70.000 millones de la industria de fondos comunes de inversión.

Desde el asesoramiento financiero, Egea aconsejó que cada empresa seleccione una alternativa acorde con su perfil. Las compañías con mayor rotación de personal necesitan fondos con liquidez constante, mientras que aquellas con menor movimiento de su dotación pueden evaluar instrumentos con horizontes de inversión más largos.

También aconseja acudir a entidades que acrediten “solvencia y trayectoria en la administración de los activos en forma profesionalizada”.

Del ahorro de las empresas al mercado de capitales

El diseño de las carteras será otro de los puntos centrales para el funcionamiento del FAL. La normativa establece límites por tipo de activo: los títulos del gobierno nacional no tienen tope, mientras que los provinciales pueden alcanzar el 15% o el 20%, según las condiciones previstas y siempre que cuenten con una calificación de al menos dos calificadoras locales.

Las obligaciones negociables tienen un límite del 20% del fondo, con un máximo del 10% por emisor. Los depósitos y los instrumentos dolar linked pueden representar hasta el 10%. A su vez, los administradores deben mantener un 10% en instrumentos de money market para afrontar eventuales rescates.

El directivo marcó, además, dos objeciones al esquema de inversiones. La primera es la concentración de los recursos en determinados títulos públicos. Según planteó, el requisito de calificación “deja afuera a títulos de la provincia de Mendoza a pesar de ser una jurisdicción con superávit fiscal continuo de 8 a 10 años y sin historial de default”.

La segunda es lo que denomina un “efecto anticíclico doble”: cuando cae la actividad económica y aumentan los despidos, las empresas pueden necesitar utilizar los fondos y los administradores verse obligados a liquidar posiciones de manera acelerada. Esto podría generar presión vendedora sobre el mercado de capitales en un momento de debilidad económica.

También cuestionó la obligación de mantener el 10% en money market durante los seis meses de carencia. A su entender, esa exigencia “resulta ineficiente porque rinde menos y el dinero no se puede utilizar para indemnizaciones”, con un efecto favorable para la liquidez bancaria.

En la visión de Mosso hay una oportunidad para el financiamiento empresario: el cupo destinado a obligaciones negociables (ON) equivale a cerca del 15% del stock de esa clase de instrumentos, según su estimación. Ese margen podría impulsar el mercado de deuda corporativa y ampliar las fuentes de financiamiento para las compañías.

Previsibilidad laboral y dudas sobre el impacto en el empleo

Para el empresariado, el principal beneficio del FAL es la posibilidad de anticipar financieramente una obligación cuyo costo aparece cuando se produce una desvinculación laboral. Mosso lo sintetizó así: el régimen “convierte el costo incierto de un despido en un aporte mensual conocido”.

Esa previsibilidad, según explicó, podría favorecer la incorporación de personal y evitar “judicializar conflictos donde las perjudicadas son las pymes”. Sin embargo, advirtió que el mecanismo no alcanza por sí solo para revertir los problemas del mercado laboral: “Esto es importante pero no suficiente: por sí solo no generará empleo”.

El impacto tampoco será uniforme. Para las empresas medianas y grandes, con mayor capacidad financiera y estructuras más desarrolladas, el FAL puede funcionar como una herramienta de ordenamiento. En las microempresas, donde se concentra buena parte de la informalidad, el desafío es más complejo. “El tema difícil es en las micro, que es donde se concentra la informalidad. En teoría debería ordenarlas”, deseó el presidente de la Asociación de Ejecutivos de Mendoza.

El asesor también advirtió que el fondo no resuelve por sí mismo la litigiosidad laboral y que funciona como “un ahorro forzoso”. Por eso, aunque las cámaras y asociaciones empresariales valoran la previsibilidad que puede aportar, condicionan sus efectos a una macroeconomía ordenada y a la reactivación de la actividad.

Para Mendoza, la puesta en marcha del FAL abre así dos desafíos: que las empresas comprendan cómo incorporar el nuevo mecanismo a su planificación financiera y que los administradores puedan gestionar los recursos con criterios adecuados de rendimiento, liquidez y riesgo. El volumen potencial convierte al régimen en una oportunidad para el mercado de capitales, pero su impacto sobre la inversión productiva y el empleo dependerá también de las condiciones económicas en las que deba funcionar.