Los alegatos de la defensa de las ocho imputadas por omisión de denuncia en el tercer juicio por abusos sexuales cometidos a menores en el Instituto Próvolo de Luján, comenzaron este miércoles con la exposición de una de las abogadas de la monja imputada Asunción Martínez y continuarán este jueves , luego del cuarto intermedio que se dispuso.
Abusos sexuales a chicos hipoacúsicos
Por el caso Próvolo comenzó el alegato de la defensa de la monja Asunción Martínez
Las audiencias son a puertas cerradas y sin acceso de la prensa. Este jueves, la abogada Valeria Corbacho, del equipo de Carlos Varela, buscará sostener la inocencia de la monja Martínez
La monja Asunción Martínez. Su defensa busca demostrar que es inocente.
La audiencia, que se desarrolló a puertas cerradas y sin acceso a la prensa por tratarse de delitos sexuales y por la integridad e identidad de las víctimas que deben ser preservados, se inició con el alegato de la letrada Valeria Corbacho, quien es parte del equipo de abogados de Carlos Varela, quienes representan a la monja Asunción Martínez.
Pasado el mediodía, se llamó a un cuarto intermedio hasta este jueves a la mañana, cuando se retome la exposición, en la que la defensa podría sostener la inocencia de la acusada y pedir su absolución ante ante el Tribunal Penal Colegiado Nro. 2.
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Los pedidos de condena para las acusados de los abusos sexuales en el Próvolo
La semana pasada concluyeron los alegatos por parte de la fiscalía y de la querella, en el debate por la responsabilidad penal por omisión de denunciar abusos sexuales que se le sigue a ocho mujeres que trabajaban en el Instituto Antonio Próvolo.
Allí, el fiscal Alejandro Iturbide pidió 18 años de prisión para Graciela Pascual (65), ex representante legal de establecimiento y una pena de 10 años de cárcel para la monja Martínez.
Antes, la Unidad Fiscal de Delitos Sexuales pidió al tribunal de sentencia del juicio por el Caso Próvolo 2 que la monja Kumiko Kosaka sea condenada a 25 años de prisión por abusos sexuales. Fue acusadacomo autora penalmente responsable de los delitos abuso sexual gravemente ultrajante agravado en un hecho y corrupción de menores en cinco hechos. Además fue considerada partícipe necesario para que se cometieran los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante agravado continuado y tres hechos de abuso sexual con acceso carnal agravados
Tanto Graciela Pascual, como la monja Martínez fueron consideradas partícipes necesarias por haber omitido el deber de garantes de las víctimas en los casos de abuso sexual, cometidos por los sacerdotes Horacio Corbacho y Nicola Corradi, el jardinero Armando Gómez, ya condenados, al igual que el monaguillo Jorge Bordón, este en un juicio abreviado.
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El 3 de mayo de 2021, tras la reanudación de la actividad luego de pandemia de Covid-19 y la virtualidad como forma de trabajo, comenzó a desarrollarse el tercer juicio por las denuncias de abuso que ocurrieron en el Instituto Antonio Próvolo.
Este debate, a diferencia de los anteriores, contiene tres causas que fueron acumuladas, en dos expedientes.
En la continuidad del juicio, en la otra causa, cuentan con ocho imputadas entre las cuales se encuentra la monja Asunción Martínez, además de ex directoras y administrativas del Instituto.
En este sentido, el fiscal Alejandro Iturbide, pidió 18 años de prisión para Graciela Pascual (65), ex representante legal de establecimiento y una pena de 10 años de cárcel para Martínez.
En el caso de la ex directora Gladys Pinacca y la cocinera, Noemí Paz, solicitaron la pena de 3 años de prisión condicional, acusadas por el delito de omisión de prestar auxilio y encubrimiento agravado.
En cambio, no se formuló cargos contra las otra cuatro imputadas en este proceso, las directoras del Instituto (en distintos años) Valeska Quintana, Laura Gateán, Cristina Leguiza y la psicóloga Cecilia Raffo. Por lo tanto, el Tribunal debería declarar extinguida la acción penal ante la falta de acusación y de esta manera, quedarán al borde de la absolución.
El primer juicio en esta megacausa fue abreviado en el cual el monaguillo y ex empleado administrativo en el Próvolo, Jorge Bordón, confesó la autoría de los hechos y fue condenado, en septiembre de 2018, a la pena de 10 años de prisión.
El segundo fue el que condenó a los curas Nicola Bruno Corradi, Horacio Corbacho y el jardinero Armando Gómez a la pena de 42, 45 y 18 años de prisión respectivamente.
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