Es cierto que Adriana Suárez Cervant -la acusada del bestial crimen que consistió en asesinar, descuartizar y asar a su inquilino en su domicilio de Dorrego, Guaymallén- tenía prisión domiciliaria y la incumplía. Es evidente, porque hasta Google Street View la tomó con sus cámaras en cuatro oportunidades por la calle.
a vivienda de Guaymallén donde residían la mujer acusada del asesinato y descuartizamiento de su inquilino y las cinco niñas de entre 5 y 15 años hijas de la imputada.
Foto: Matías Pascualetti/ Radio Nihuil
La vivienda de Guaymallén donde residían la mujer acusada del asesinato y descuartizamiento de su inquilino y las cinco niñas de entre 5 y 15 años hijas de la imputada.
Lo que también es cierto es que el dispositivo electrónico que llevaba y que debía advertir a la Policía de que la mujer se estaba alejando de su casa falló al menos cuatro veces en las que se la vio por Dorrego. Hubo una quinta salida de la mujer, en la que el aparato sí emitió señales y fue allí que se la llevaron detenida, aunque luego volvió a su domicilio. Esto fue reconocido hasta por los abogados defensores de la imputada.
Pero hay una verdad más, que quedó soslayada frente a la brutalidad del hecho en sí: el Estado falló en proteger a las hijas de la mujer imputada, quienes ya venían dando claras señales de abandono. Niñas que se encuentran en pleno desarrollo y que fueron testigos involuntarias de un asesinato demencial.
Cinco niñas a la deriva
Otra situación también se pudo corroborar de la seguidilla de hechos que derivaron en un asesinato y descuartizamiento: la mujer continuó delinquiendo, desde su casa, y con el arresto domiciliario incluido.
Tenía una condena de 6 años de prisión por diversos hechos, pero en la pandemia fue autorizada a cumplirla en la vivienda familiar, "para cuidar a sus hijas".
Una dolorosa falla del Estado: la falta de contención de cinco niñas, a quienes no se pudo dar protección suficiente y que fueron testigos, si los hechos se corroboran, de una saga tan cruenta que solo puede imaginarse en una serie policial de ficción.
La directora de los Equipos Técnicos Interdisciplinarios (ETI) Jessica Benítez, admitió los errores que se cometieron con esas niñas, que fueron varios. En el 2019, ya con contexto familiar muy conflictivo anterior –ambos progenitores delinquían, de hecho la mujer tiene entradas a prisión desde el 2012 en adelante, por robo agravado, amenazas y robo en vivienda- la custodia de las chicas fue otorgada a la abuela paterna.
Pero luego, la Justicia determinó que era mejor que las cuidara la madre y así obtuvo la mujer la prisión domiciliaria, que luego derivó en los hechos conocidos.
Sin embargo, hubo más errores con las niñas: no iban a la escuela con regularidad, uno de los indicadores más sobresalientes de que sus derechos estaban siendo vulnerados. La escuela, de la que no se puede dar ningún tipo de dato para no identificar a las menores, tuvo que haber advertido las faltas. Pero no hay una respuesta clara al respecto.
Una intervención tardía
Toda la situación caótica estalló el miércoles pasado, cuando la Policía allanó el domicilio de Adriana Suárez y corroboró la escena del crimen: ahí estaba el cuerpo de un hombre desmembrado; mientras que algunas partes estaban siendo incineradas las otras estaban diseminadas por la casa ¿Hace falta dar esta descripción? La respuesta es sí. Porque en ese horror habitaban cinco nenas.
Actualmente las hijas de la imputada están hospitalizadas, sin signos de abuso sexual, al menos evidente. Así lo difundió el Ministerio Público Fiscal. Para las niñas, este puede ser el comienzo de un nuevo problema: aún no se sabe con quién vivirán y si deberán quedarse bajo la custodia del Estado.
Sin embargo, también parece ser el fin del caos en el que vivían. Aunque la intervención fue, a todas luces, tardía. Nunca debieron estar el 18 de junio en esa vivienda de Guaymallén, en medio de una escena que difícilmente puedan olvidar.
Este domingo fue imputada una tercera persona por el crimen. Se trata de Ángel Jonatan Quiroz, de 32 años, y se lo acusa de “ser partícipe necesario del delito de homicidio agravado por ensañamiento”.