San Rafael
Así lo dijo el vicepresidente de la Coopol, Ricardo Abel Marchesi respecto a las personas que piden contribuciones en nombre de los Bomberos Voluntarios de Monte Comán. Se tramita una causa por estafa en el tercer Juzgado de Instrucción.

"No son bomberos, son vendedores los que ofrecen rifas en las calles"

Por UNO

Una vez más, como el año pasado, el vicepresidente de la Coopol, Ricardo Abel Marchesi, salió con los tapones de punta contra la campaña que iniciaron en la ciudad los Bomberos Voluntarios de Monte Comán.

Es que desde hace unas semanas, un grupo de personas vestidos de azul con un uniforme muy similar al de un bombero, ofrece rifas y bonos contribución para la asociación instalada en Monte Comán.

el vicepresidente de la Coopol hace un año y medio radicó una denuncia en el Tercer Juzgado de Instrucción a cargo de Gabriel Ravagnani.

Marchesi, como en diciembre del 2016, volvió a fustigar el accionar de esta asociación y señaló que "no son bomberos, son vendedores disfrazados de bomberos los que ofrecen esta rifas".

El vicepresidente se quejó de que "estas personas han invadido nuestra jurisdicción y no cuentan con la documentación necesaria para ofrecer estas rifas. Son un engaño a la gente".

En este escenario pidió "celeridad en la causa. Nos dijeron que el próximo mes puede haber novedades" y agregó que "no están autorizados por ley a frenar la marcha de ningún vehículo".

Según Marchesi, "ya le pedimos a las autoridades que hagan algo con esto".

En relación a la causa que se investiga en los Tribunales de San Rafael, una fuente oficial confirmó que "la investigación se inició hace un año y medio" y agregó que "hay tres imputados en la causa".

Lo cierto es que según esta fuente, "la gente de la asociación de Monte Comán presentó documentación que los acredita a vender las rifas en cualquier punto de la provincia". Ahora el juez estaría investigando si la asociación cumplió con el pago de los impuestos.

En principio, Ravagnani ha solicitado una serie de medidas tendientes a comprobar la veracidad de la documentación presentada para determinar si se configura el delito de estafa. En los próximos meses habría una definición al respecto.

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