Aunque las cifras exactas son difíciles de rastrear debido a la opacidad de muchas inversiones privadas, los informes de organizaciones como CDP (anteriormente Carbon Disclosure Project) y Think Tank Carbon Tracker han destacado que las mayores gestoras de activos del mundo, que manejan fortunas, siguen teniendo miles de millones invertidos en empresas de combustibles fósiles con planes de expansión incompatibles con los objetivos climáticos del Acuerdo de París: limitar el aumento de la temperatura global a 2º C por encima de los niveles preindustriales, esforzarse por limitar el aumento a 1.5º C y alcanzar la neutralidad climática global a mediados de siglo.
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Una cartera de inversión de 1000 millones de USD con una asignación del 10% en compañías de combustibles fósiles (una cifra conservadora para muchas carteras) representaría 100 millones de USD directamente financiando la extracción y producción de carbono.
BloombergNEF (2024) estudió el crecimiento de las inversiones sostenibles, y estimó que los activos gestionados a nivel mundial con algún tipo de mandato ESG (ambiental, social y de gobernanza) alcanzaron los 50 billones de USD en 2022. Sin embargo, una parte significativa del capital restante (que incluye las inversiones de muchos multimillonarios) todavía está invertida en industrias intensivas en carbono. Un análisis de Reclaim Finance (2023) encontró que las 60 mayores gestoras de activos del mundo tenían 4.6 billones de USD invertidos en compañías de combustibles fósiles con planes de expansión.
El caso es que su dinero no solo fluye hacia inversiones contaminantes, sino también hacia la esfera política, a menudo para socavar la acción climática. En Estados Unidos solo el sector de petróleo y gas gasta decenas de millones de USD al año en lobbying para influir en la legislación y las regulaciones. Las donaciones políticas a campañas y comités por parte de individuos y corporaciones con intereses en los combustibles fósiles también suman cientos de millones de USD en cada ciclo electoral. La industria de los combustibles fósiles gastó cerca de 2 mil millones de USD en lobby para prevenir acciones climáticas en los EE.UU. entre 2000 y 2016.
Un informe de InfluenceMap en 2021, reveló que las cinco principales empresas de combustibles fósiles que cotizan en bolsa gastaron colectivamente cientos de millones de dólares en actividades de lobby para obstaculizar la política climática alineada con el Acuerdo de París en los años posteriores a su firma. Financian think tanks y grupos de fachada que difunden desinformación sobre el clima, sembrando dudas sobre la ciencia y retrasando la acción. Las cifras exactas son a menudo opacas, pero las investigaciones han revelado que millones de USD se han canalizado a lo largo de los años a organizaciones dedicadas a la negación o minimización del cambio climático.
Estas son las empresas con mayor impacto en emisiones, según el "Carbon Majors Database" y otros informes, las siguientes empresas han sido y siguen siendo importantes contribuyentes a las emisiones globales de GEI: Saudi Aramco, Gazprom, National Iranian Oil Company, Coal India, Pemex, China National Petroleum Corporation, Sinopec, ExxonMobil, Chevron, Shell, BP, TotalEnergies, CHN Energy, Shaanxi Coal and Chemical Industry Group, y varias otras empresas mineras de carbón en China, India y Australia.
Lo cierto es que el impacto que los multimillonarios causan en la naturaleza se extiende mucho más allá de sus propias emisiones. Su poder mediático y su capacidad para financiar campañas de relaciones públicas les permiten influir en la opinión pública. La desregulación ambiental, los subsidios a las industrias contaminantes y el bloqueo de legislaciones climáticas ambiciosas son, en muchos casos, el resultado de esta influencia insidiosa.
Pueden promover narrativas que minimicen la gravedad de la crisis climática, que cuestionen la ciencia establecida o que desvíen la atención hacia soluciones insuficientes o falsas promesas tecnológicas. Esta manipulación de la información socava los esfuerzos por generar conciencia y construir un consenso social en torno a la necesidad de una acción climática urgente y transformadora.
Ante esta realidad innegable, surge una pregunta fundamental: ¿qué responsabilidad tienen los multimillonarios en la lucha contra el cambio climático? Si bien legalmente pueden operar dentro de los límites de las regulaciones existentes, ¿existe una obligación moral y ética que trasciende las leyes? Muchos argumentan que sí.
A pesar de su capacidad para generar un impacto negativo desproporcionado, poseen además una capacidad única para impulsar un cambio positivo a gran escala. Su riqueza y su influencia podrían y deberían utilizarse para financiar la transición hacia una economía baja en carbono, para invertir en tecnologías limpias y sostenibles, y para abogar por políticas climáticas ambiciosas a nivel global.
