"Desde el punto de vista de la producción y con el objetivo de reducir la cantidad de materiales que se descartan e ingresan al sistema de gestión de residuos, es fundamental que los Estados de la región respalden e impulsen el Tratado Global sobre Plásticos, una herramienta legal para proteger la salud humana y al ambiente de la contaminación", indicó Munno Dithurbide.
Además, la abogada alertó que los basurales a cielo abierto "son una fuente directa de emisiones de gas metano con impacto negativo en el clima y en la salud de las personas". El metano es un precursor del ozono troposférico, asociado a un millón de muertes prematuras por año debido a enfermedades respiratorias, y es el gas de efecto invernadero con mayor participación en el sector de residuos. En Argentina, las emisiones de metano generadas por este sector son casi equivalentes a las del sector energético, y representaron más del 17% del total de las emisiones de metano en 2022 reportadas a nivel nacional.
Además, los basurales generan líquidos lixiviados: efluentes contaminantes que resultan de la descomposición de los residuos. Al no contar con las medidas ambientales y sanitarias adecuadas y controladas -como en el caso de los rellenos sanitarios-, estos líquidos pueden filtrarse en suelos y contaminar tanto aguas subterráneas como superficiales, generando riesgos concretos para la salud, como enfermedades respiratorias, intoxicaciones, infecciones cutáneas, problemas neurológicos, malformaciones congénitas y bajo peso al nacer, entre otros. No obstante, "nuestro país no cuenta hoy con una política clara ni un sistema integral de monitoreo de calidad de aire", sostuvo Munno Dithurbide.
El pasado 21 de marzo, desde FARN realizamos un pedido de información pública sobre los niveles de metano y ozono troposférico en Argentina y la respuesta de la Subsecretaría de Ambiente fue que no posee competencia primaria en la materia, aunque mencionó que el monitoreo de ozono se limita a unas pocas ciudades: la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Bahía Blanca, Zárate y Campana, en la provincia de Buenos Aires.
Por su parte, el Ministerio de Salud de la Nación respondió que no posee responsabilidad en el monitoreo de la calidad del aire y derivó la consulta nuevamente a la Subsecretaría de Ambiente, a pesar de que la Ley 20.284 de calidad de aire en nuestro país determina que la aplicación y fiscalización de la norma corresponde a las autoridades sanitarias.
"Esta fragmentación institucional refleja una desprotección estructural que afecta directamente la salud de la población, especialmente a quienes viven o trabajan cerca de sitios donde se disponen residuos", afirmó Munno Dithurbide.
