La canciller Susana Malcorra ratificó la posición oficial del Gobierno respecto de la situación de Milagro Sala, al entender que existe una "división de poderes" que le impide al Poder Ejecutivo "actuar de forma directa" como vienen reclamando organismos internacionales como la ONU, la OEA y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La jefa de la cartera de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación repitió el argumento esgrimido por todos los voceros del Gobierno, que circunscriben el caso de la dirigente social jujeña, detenida sin condena en su contra desde enero, a un problema que debe resolver la Justicia de esa provincia, y que en ese sentido la administración nacional tiene las manos atadas para intervenir.
"Hay que entender que aquí también hay una clara división de poderes. Nosotros no podemos actuar en forma directa", consideró en una entrevista publicada este domingo por La Nación.
Si bien reconoció que las autoridades nacionales tienen la obligación de ser "custodios del cumplimiento de los compromisos adquiridos por la Argentina en materia de derechos humanos", explicó que "Argentina es un país federal y este tema está en la Justicia de Jujuy".
Para justificar la inacción del Gobierno argentino en la materia, Malcorra apeló a la comparación con el sistema judicial de los Estados Unidos.
"Cuando nosotros vamos al Departamento de Estado a reclamar por un argentino que está en espera de la pena de muerte (por el caso Víctor Saldaño) ellos dicen que esta en el estado de Texas".
