Por Analía Boggia
Rafael Escot justificó su postura y la de los colegas que presentaron un pedido de inconstitucionalidad en contra del aporte solidario para ayudar a tratamiento de discapacitados. El magistrado cree que no vulnerar los haberes de los magistrado
"Yo no soy empleado público porque no tengo empleador", dijo uno de los jueces que no quiere aportar a OSEP
No es la primera vez que protagoniza un escándalo. Hace casi un año ganó críticas por la publicación de fotos con animales ensangrentados en medio de una cacería y en agosto de 2010 trepó a la cima de los cuestionamientos por decidir en un fallo que una joven había muerto por la ablación de órganos que le practicaron los médicos y no por la bala que le había disparado el novio a la víctima. Ahora, el juez de la Quinta Cámara del Crimen, Rafael Escot, vuelve a estar en el centro de la polémica por motorizar un pedido de inconstitucionalidad en contra de la ley que obliga a jueces y funcionarios públicos a aportar a la Obra Social de Empleados Públicos (OSEP).
“No soy empleado público porque no tengo empleador”, lanzó el magistrado al ser consultado por Diario UNO sobre las razones de la acción judicial presentada en la Suprema Corte de Justicia. Y agregó: “El gobernador y los jueces no somos empleados públicos, somos servidores públicos y autoridades, pero no tenemos empleador. Tenemos mucha más responsabilidad que cualquier empleado público”.
–¿Por eso cree que no debe aportar a OSEP?–Creo que la ley pretende obligarnos compulsivamente a aportar a la obra social estatal y va en contra del artículo 110 de la Constitución nacional que garantiza la intangibilidad de los salarios.
–La Asociación de Magistrados de Mendoza desestimó cualquier acción porque considera que la ley 8.373 es solidaria.–Es una opinión de quienes dirigen la asociación, pero yo considero que soy solidario con los discapacitados que son afiliados a mi obra social. Yo aporto a Cimesa y a la Obra Social de Docentes Privados (OSDOP). Acá no se trata de solidaridad o no, sino de que con esto quieren financiar OSEP. Pero ya existe un fondo nacional para discapacitados, ahí es donde tienen que buscar financiamiento.
–¿Es un problema de dinero? ¿Cuánto le descontaron a usted?–A mí me descontaron $1.000, pero no es un problema de dinero. El problema es que al juez no se le puede reducir el sueldo, porque eso es una garantía de independencia para el ciudadano. Si a todos los jueces nos obligan a aportar a OSEP, ninguno va a poder intervenir en un proceso judicial en contra de esa obra social, como sí podemos abstenernos con otras empresas o entidades. Todos tenemos obras sociales y todas tienen afiliados discapacitados. En este caso, ¿quién me garantiza que mis aportes vayan a los discapacitados de OSEP? Esto puede ir a pagar el viaje de otro empleado público o al pago de un par de anteojos. Pero la verdad es que el Gobierno tiene que buscar fondos en otro lado.
–¿Es un problema con el Ejecutivo?–No, pero tiene que administrar los recursos para discapacitados. Esto no es mi culpa. Si me piden que haga aporte voluntario al fondo nacional de discapacitados lo hago, pero la ley es inconstitucional. Estoy ejerciendo un derecho, no estoy peleando con nadie. La ley es maravillosa, pero lo solidario no se obliga ni puede ser un aporte compulsivo.