Por Fabricio Panella Vidal
Se reunieron en la Plaza Independencia y pretenden que el gobernador Paco Pérez fije una posición para que en la provincia no se aplique el criterio de la Corte Suprema. El mandatario había dicho que los hospitales públicos no acatarían la decisión
Unas 400 personas se manifestaron para que en Mendoza no les realicen abortos a mujeres violadas
Unas 400 personas se reunieron este viernes frente a la Legislatura provincial para pedirle al gobernador Francisco Pérez que no avale en Mendoza la realización de abortos no punibles a mujeres violadas. Además, organizaron un festival "Pro-vida" en la fuente de la Plaza Independencia.
Los manifestantes, en su mayoría adolescentes, presionan para que en la provincia se aplique el criterio de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre la interrupción del embarazo a aquellas mujeres que hayan sido vítimas de una vejación.
Con banderas de distintos colores, murgas y pancartas con las leyendas “Sí a la vida” y “No al aborto”, los jóvenes se convocaron a las 19.30 frente a la Casa de las Leyes.
A medida que la convocatoria se iba siendo más nutrida, el grupo cruzó hacia la plaza, donde ya había sido montado un pequeño escenario. A un costado una carpa decorada con fotos de embriones invitaba a la gente a firmar en acuerdo a la postura que sostienen.
Jimena Álvarez, una de las organizadoras del evento, indicó a diariouno.com.ar que la razón del encuentro es "pedirles a los legisladores que se declare a Mendoza 'Provincia Provida'".
"Coincidimos con el gobernador en que el fallo de la Corte no obliga despenalizar el aborto. Fue un fallo relacionado sólo con un caso en particular. Nosotros aconsejamos a aquellas mujeres que han sido violadas a tener a su hijo. Cuando esa vida nazca le hará olvidar el trauma de haber sido violada", explicó.
Luego, en la "Fiesta de la Vida" hubo bailes, coreografías, trucos de magia y la realización de una ecografía en vivo de un embarazo de 14 semanas, que en medicina es el tiempo límite para practicar un aborto.
Quienes sostienen que el aborto debe ser penado y no tiene que ser realizado por el Estado, en hospitales públicos, quieren que el gobernador Francisco Pérez sostenga lo que expresó en un principio: negar cualquier efecto de esa sentencia nacional en la provincia.