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Carmen Argibay visitó Mendoza y se refirió al tema que mantiene enfrentados a la Provincia y la Nación por la extensión de la promoción industrial en La Rioja, San Juan, San Luis y Catamarca y que deja en desventaja a la provincia.

Una ministra de la Corte nacional aseguró que el lío por la promoción puede resolverse con una audiencia entre las provincias

La ministra de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Carmen Argibay manifestó que cuando tengadictamen del procurador de la Corte

lamedida judicial presentada por la Provincia contra la Nación por la promoción industrial puede
que exijan una "audiencia privada entre las partes". En su paso por Mendoza este jueves -vino al octavo Encuentro Nacional de Muejeres Jueces- lasuprema aseguró que en este tipo de casos los 7 miembros, por lo general, optan por dos pasosprevios para salir del conflicto. "Muchas veces hacemos audiencias privadas con las partes para tratar de que lleguen a un entendimiento. En este momento, hay varios casos en los que estamos en ese punto", dijo Argibay, altiempo que destacó: "Es una especie de mediación que, en este caso eso, se puede dar". El primerpaso, es hacer audiencias públicas para "clarificarle el panorama a la sociedad". Sobre la rapidez con la que pueda darse esa audiencia aclaró que no sabe si se dará "en elcorto plazo, yo no respondo a los tiempos del procurador de la Nación. Además, nosotros somos 7, delos cuales una mayoría tiene que estar de acuerdo con hacerla, y luego coordinar una fecha en laque las partes y nosotros podamos. La prontitud es todavía impredecible". La letrada prefirió no profundizar sobre este tema debido a que "es más o menos inminente quepueda llegar a la Corte Suprema, por lo que no puedo hablar". El 2de junio pasado Mendoza presentó de manera formal su queja ante la Corte por el decreto 699/10que extiende por quince años la vigencia de la promoción industrial en las provincias vecinas deSan Juan, San Luis, La Rioja y Catamarca. En el documento, se plantea la inconstitucionalidad deldecreto y se incluyó una medida cautelar para frenar inmediatamente la aplicación del decretofirmado por la presidenta, Cristina Kirchner.

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