Carmen Argibay visitó Mendoza y se refirió al tema que mantiene enfrentados a la Provincia y la Nación por la extensión de la promoción industrial en La Rioja, San Juan, San Luis y Catamarca y que deja en desventaja a la provincia.

Una ministra de la Corte nacional aseguró que el lío por la promoción puede resolverse con una audiencia entre las provincias

Por UNO

La ministra de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Carmen Argibay manifestó que cuando tengadictamen del procurador de la Corte

la

medida judicial presentada por la Provincia contra la Nación por la promoción industrial puede

que exijan una "audiencia privada entre las partes".

En su paso por Mendoza este jueves -vino al octavo Encuentro Nacional de Muejeres Jueces- la

suprema aseguró que en este tipo de casos los 7 miembros, por lo general, optan por dos pasos

previos para salir del conflicto.

"Muchas veces hacemos audiencias privadas con las partes para tratar de que lleguen a un

entendimiento. En este momento, hay varios casos en los que estamos en ese punto", dijo Argibay, al

tiempo que destacó: "Es una especie de mediación que, en este caso eso, se puede dar". El primer

paso, es hacer audiencias públicas para "clarificarle el panorama a la sociedad".

Sobre la rapidez con la que pueda darse esa audiencia aclaró que no sabe si se dará "en el

corto plazo, yo no respondo a los tiempos del procurador de la Nación. Además, nosotros somos 7, de

los cuales una mayoría tiene que estar de acuerdo con hacerla, y luego coordinar una fecha en la

que las partes y nosotros podamos. La prontitud es todavía impredecible".

La letrada prefirió no profundizar sobre este tema debido a que "es más o menos inminente que

pueda llegar a la Corte Suprema, por lo que no puedo hablar".

El 2

de junio pasado Mendoza presentó de manera formal su queja ante la Corte por el decreto 699/10

que extiende por quince años la vigencia de la promoción industrial en las provincias vecinas de

San Juan, San Luis, La Rioja y Catamarca. En el documento, se plantea la inconstitucionalidad del

decreto y se incluyó una medida cautelar para frenar inmediatamente la aplicación del decreto

firmado por la presidenta, Cristina Kirchner.