Trabajo y contaminación fueron los argumentos que enfrentaron a los vecinos por la minería

El grueso de los casi 500 que se hicieron escuchar, por momentos en un clima de cancha de

fútbol, fueron vecinos de la zona y quedó en evidencia que la comunidad está fracturada en dos por

el proyecto que les promete una inversión de U$S 277 millones y miles de puestos de trabajo a

cambio de la extracción de toneladas de cobre de un cerro ubicado a 42 kilómetros de las villa

cabecera. La Iglesia de Uspallata, en este sentido, reiteró que está en riesgo la paz social tal

como

había

alertado hace una semana la Pastoral Social.

Ninguna postura se terminó de imponer sobre la otra, en el debate caliente que empezó a las 9

y se prolonga hasta pasadas las 21, aunque sí los más contundentes en defender su postura fueron

los vecinos que no quieren la minería. Ahora será la secretaría de Medio Ambiente quien deberá

decidir si le otorga a la empresa, de capitales canadienses, la Declaración de Impacto Ambiental

(DIA) que luego deberá ser refrendada por la Legislatura.

Una de las voces que más resultó ovacionada en contra de San Jorge, fue la de la sindicalista

de ATE, Raquel Blas, quien no solo ratificó su rechazo a la instalación a la "minería contaminante

y saqueante" sino que además anunció que "esta audiencia pública, que no es vinculante, no será

decisiva". Blas se fue ovacionada y dejó abierta la puerta a futuras acciones al sostener que "

vamos a volver a las rutas". Después juntó a sus partidarios y se fue.

Hasta Uspallata llegaron casi una decena de funcionarios del Gobierno de Celso Jaque,

encabezados por el secretario de Medio Ambiente, Guillermo Carmona, por el titular de

Hidrocarburos, Wálter Vázquéz , por la directora de Minería, Adriana Blesa, y el presidente de la

Cámara de Diputados, Jorge Tanús, entre otros.

También estuvieron intendentes como el de Las Heras, Rubén Miranda, y el de Malargüe, Jorge

Agulles. Poco después de las 12 legaron al lugar el diputado nacional Daniel Pererya y la propia

Blas.

Carmona resaltó el orden con que se llevó a cabo la jornada y calificó a la audiencia pública

"como la más grande que se ha realizado en Mendoza hasta el momento".

La seguridad

Más de 70 efectivos policiales controlaron la seguridad en el edificio de Vialidad Nacional,

en donde se llevó adelante el debate, hasta donde habían llegado centenares de personas que se

mostraron a favor y en contra de la instalación de la mina.

Los temores de posibles incidentes se fueron disipando durante la jornada, a pesar de que en

los alrededores de Vialidad aguardaban manifestantes pro y anti mineros y se notó la presencia de

grupos que fueron movilizados en micros, como la del sindicato de mineros (AOMA). Ese gremio llegó

mezclado con simpatizantes de Huracán Las Heras.

El desarrollo de una jornada muy esperada

A partir de las 10 comenzaron a expresarse los vecinos (bajo la férrea conducción del

instructor de la audiencia, Eduardo Sanchez) luego de que los funcionarios del ministerio de

Infraestructura dieran lectura a los informes sectoriales entre los que se destacó el de la

Universidad Nacional de Cuyo que recomendó descartar el proyecto.

También hablaron los representantes de la empresa San Jorge, quienes destacaron las virtudes

económicas de la iniciativa como el cuidado que según dijeron, tendrán del medio ambiente. En total

eran 798 los oradores inscriptos.

Contra San Jorge

Los argumentos de los que se oponen giraron en torno a aspectos técnicos, (aunque muchas

veces se argumentó de una manera banal y se utilizó al militante muerto del PO Mariano Ferreyra

como consigna) y en la desconfianza que les genera la promesa de la empresa de que se generarán

tanto riquezas como puestos de trabajo.

Pero la preocupación central del centenar de vecinos que no quieren a la mina giró en torno a

otras cuestiones: las supuestas mentiras de San Jorge, la contaminación, la utilización del agua y

los daños en el paisaje con el consecuente perjuicio para el turismo.

A su postura le agregaron varias denuncias: la más recurrente fue la "compra de voluntades"

por parte de San Jorge y acusaciones hacia la dirigencia política que abarcaron tanto al intendente

departamental, Rubén Miranda, como al ministro de Infraestructura, Francisco Pérez.

Los antimineros, aventaron el fantasma de la llegada de la inseguridad y la prostitución al

pueblo, así como también una presión del gobierno nacional para que el proyecto avance. Para ellos

San Jorge "es un monstruo".

"Uspallata ha crecido y no necesita este proyecto mega minero para crecer. Es un monstruo que

trae muerte. Sí a la vida", fue una de las consignas que más se escuchó entre los vecinos que se

oponen, que se denominan "autoconvocados" y que buscaron diferenciarse vistiendo remeras negras con

la leyenda "No a la minería".

Una de las voces más esperadas de este sector fue la de Eduardo Sosa, de la organización

ecologista OIKOS, quien prefirió no hacer preguntas técnicas a la empresa para soltar una

definición política: "Quedo rendido ante la evidencia y la contundente expresión del pueblo de

Uspallata", dijo.

A favor

Los que se manifestaron a favor, que también fueron más de cien, sintetizaron su apoyo en una

sola cuestión: la posibilidad de conseguir trabajo.

"Vivimos en Uspallata y no queremos que nos contaminen. Pero por lo que hemos podido

investigar, estamos convencidos de que no se contaminaría. Para nosotros es bueno, en Uspallata

están muy divididos lo que son los ricos y los pobres. Hay muchos niños que si almuerzan, no cenan",

fue el mensaje de Luis Leiva, de Uspallata 2030, la agrupación que está a favor de la instalación

de la empresa.

Algo quedó en claro luego de la audiencia en el cálido martes del valle: la comunidad de esta

localidad lasherina está dividida y así seguirá independientemente del futuro de la mina San Jorge

dividió aguas en esta pequeña comunidad de 7.000 habitantes.

Así lo reflejó amargamente el cura párroco de la ciudad, Pablo López, un claro referente

antiminero, quien volvió a mencionar, como lo hizo la Pastoral Social hace poco menos de una

semana, que está en riesgo la paz social.

"Los medios y el gobierno no veían ese deterioro de la convivencia y la paz social. Uspallata

jamás va a volver a ser igual. Tanto Uspallata 2030 como los vecinos autoconvocados tienen

proyectos para hacer crecer el pueblo. La gente vale más que el otro y el cobro", expresó el

religioso.