Sobreseído por fraude

Por UNO

Punto y aparte. Tras muchas pericias contables de los forenses del Poder Judicial y una exhaustiva investigación, la Justicia concluyó que no existió fraude en la ex Asociación de Víctima de Delitos, por lo que sin más trámites que agotar, sobreseyó, es decir, se declaró inocente, a su ex presidente, Alejandro Gil, quien la lideró durante algo más de un año tras el asesinato de su esposa, Laura Abonassar, a la que mataron para robarle el auto en abril de 2007.

La decisión fue firmada la semana pasada por la jueza del Tercer Juzgado de Garantías, Alejandra Mauricio. El fallo concluye que no hubo dolo (esto es, intencionalidad de delinquir), que Gil, ni nadie se quedó con dinero de la asociación ni que tampoco se benefició a terceros en perjuicio de la entidad.

Aun más, también descartó que se haya cometido fraude en el uso de los subsidios otorgados por el Gobierno provincial de Julio Cobos, aportes que recibieron parcialmente y que gastaron todo, en el funcionamiento de la asociación.

El caso fue de alto impacto en su momento porque el denunciante fue Daniel Coccia, quien había sido vicepresidente de la Asociación, que alertó de un fraude de más de $50.000.

Delito no, desprolijidad síSin embargo, cuando los peritos comenzaron a revisar todo el papeleo, sólo encontraron una diferencia de $230 que surgió de un puñado de tickets de taxis y otro tanto en playas de estacionamiento, cuyos montos muy menores, habían sido remarcados. Nunca se pudo establecer quién o quiénes habían fraguado esos tickets.

Lo que los contadores del Cuerpo Médico Forense del Poder Judicial encontraron, en cambio, fue un manejo, que a su juicio estuvo más bien teñido de inexperiencia, que de conductas fraudulentas con abundante documentación informal.

Según fuentes judiciales, los problemas de la asociación, inscripta en Personas Jurídicas fueron de índole administrativa como que por ejemplo que nunca tuvieron un abogado ni un contador que llevara todo el papeleo que hay que rendir a los organismos de control del Estado.

Del mismo modo, se detectó que el local alquilado para el funcionamiento de la asociación no tenía contrato de alquiler, sino que había sido acordado de palabra, y que la dueña del inmueble emitía como comprobante de pago un recibo de los que se adquieren en cualquier librería.

Lo mismo ocurrió con los servicios prestados a la Asociación por los psicólogos, los que habrían cobrado sin la emisión de una factura de curso legal.

Sin embargo, la investigación se preocupó en citar a cada uno de los actores de estos hechos, quienes confirmaron que las operaciones eran ciertas. El alquiler se había pagado, los psicólogos habían cobrado sus honorarios, víctimas de delitos habían recibido asistencia y ayuda económica de la institución.

Esto dejó en claro para la Justicia que el dinero no fue a parar a los bolsillos de Alejandro Gil como sugería la denuncia sino que se gastó en la actividad diaria que ejercía la Asociación y sus fines civiles.