Se presentaron impugnaciones cruzadas en la licitación del Grupo 2 y tambalea el proceso

Las firmas han presentado impugnaciones cruzadas que pueden hacer tambalear la licitación en

la que la administración jaquista se juega una carta importante: mostrar que puede poner en pie una

empresa que –estatizada bajo la gestión de Julio Cobos– terminó hecha trizas.

Dominio Gallard –firma cuyo principal accionista es Sergio Pensalfine, dueño de El Cacique–

impugnó a todos los demás competidores por distintas causas.

La compañía mendocina Maipú- Stocco también impugnó a los dos pesos pesados foráneos que se

presentaron en la licitación: Autotransportes Santa Fe, propiedad de Alejandro Rossi –hermano del

ultrakirchnerista Agustín Rossi y jefe de la bancada oficialista en la Cámara de Diputados de la

Nación–, y Mayo SATA, del Grupo Plaza, propiedad de Claudio Cirigliano, considerado el zar del

transporte público en Buenos Aires, mimado con los subsidios que reparte el ministerio del

todopoderoso ministro de Infraestructura Julio De Vido (ver aparte).

A su vez, esa misma empresa ha impugnado a Maipú-Stocco, la única mendocina que pudo competir

en la licitación.

Formalmente, el Gobierno provincial ha mantenido silencio sobre el tema.

La oferta económica, un misterio

Desde el comienzo, la licitación generó interrogantes. El Gobierno se guardó un dato que hizo

aflorar el enojo de las empresas, cuando no quiso dar a conocer públicamente el monto de la oferta

económica presentada por cada uno los interesados durante la apertura de sobres, el 12 pasado.

Sin embargo, Diario UNO pudo confirmar que las ofertas presentadas son muy superiores a lo

que actualmente el Gobierno paga por kilómetro recorrido a los concesionarios que prestan el

servicio.

Mientras que, en promedio, hoy paga entre $5 y $5,50 por kilómetro, las firmas interesadas en

controlar el Grupo 2 piden desde $6,70 hasta más de $7,50. El dato servirá de plataforma para que

los actuales concesionarios refuercen el reclamo para que la Provincia les aumente la tarifa por

kilómetro recorrido, algo que vienen solicitando en los últimos meses.

Esta información, junto con las impugnaciones presentadas, es guardada bajo siete llaves por

el Ministerio de Infraestructura y por el comité de preadjudicación encargado de elegir al oferente

ganador.

Esto es justamente lo que generó molestias por parte de los competidores, que se manifestaron

desde el momento de la apertura de sobres.

Finalmente, por presión de los representantes de las empresas se accedió a que cada apoderado

revisara los pliegos para que pudiera acceder a la cifra que tanto requerían: conocer cuál es el

monto que sus competidores proponen cobrar por kilómetro recorrido.

De todos modos, desde el ministerio se negaron a hacer público ese informe, aduciendo que no

era determinante en la elección del ganador por las características propias de la licitación en

cuestión. Su postura se sostiene en el artículo 23 del decreto N°4.416 de la Ley de Obras Públicas,

que indica que el expediente de la licitación es "reservado" a partir del momento en que se vence

el plazo de las impugnaciones.

Sin embargo, para los competidores por el Grupo 2 esa referencia sí es significativa, sumada

a otros detalles del proceso licitatorio que generaron disconformidad.