Justamente las otras 92 familias que integran esta segunda etapa del José Hernández y otras 200, que componen la tercera, son las víctimas de la usurpación.
Ramiro Luján, presidente de esta unión vecinal, fue quien debió radicar la denuncia penal en la Oficina Fiscal que funciona en la Comisaría 28, en defensa de los intereses del conjunto. “Ya se han hecho todas las presentaciones y estamos esperando a que la Justicia resuelva”, informó el dirigente.
Las familias que Luján representa han pagado o están cancelando en cuotas el valor de cada uno de los lotes ubicados en ese descampado y han presentando la documentación correspondiente para adherirse a los distintos planes de viviendas del IPV.
“Hasta donde sabemos son familias que no se han integrado a ninguna cooperativa ni mutual y que están llevando adelante una medida que, si bien es entendible, no se justifica ya que en este momento hay terrenos y planes de vivienda suficientes como para contener a todos”, dijo el secretario de Gobierno de la Municipalidad de San Martín, Oscar González.
Al mismo tiempo que dijo que la comuna “rechaza la usurpación” González puso como ejemplo contrario “a la cooperativa integrada por familias de Villa Obrero que, pese a tener las mismas necesidades e igual escasez de recursos, se han organizado y con mucho esfuerzo e ingenio están construyendo sus propios módulos habitacionales y fabricando bloques para vender y así reunir fondos para seguir levantando sus casas”.
Además aclaró que el municipio “no va a ser denunciante en esta causa porque son tierras privadas, pero si trabajará con asistentes sociales si es que resulta necesario” y remarcó que “en el presente hay tierras fiscales disponibles y planes para atender todas las necesidades”.
Este martes había un clima de tensión en la zona y se temía que los vecinos de la Unión Vecinal José Hernández, que vienen pagando sus cuotas desde hace varios años, sintieran que su futura casa estaba en peligro y que decidieran recuperar por sí mismos las tierras usurpadas.