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El ministro de Seguridad, Carlos Aranda, aceptó la renuncia del comisario inspector Heriberto Ojeda. Se lo investiga por la supuesta entrega irregular de licencias de conducir en la zona Este.

Se complica la situación del renunciado director de la Policía Vial por el escándalo de los carnets

SAN MARTÍN– El ministro de Seguridad, Carlos Aranda,

aceptó la renuncia en carácter "indeclinable" que le presentó el comisario inspector retiradoHeriberto Ojeda como director de la Policía Vial de la Provincia.
La renuncia había sido elevada el viernes 13 pasado, un día después de que Diario UNOinformara sobre el escándalo por la entrega irregular de registros de conducir en la zona Este através de una academia de conductores dirigida por un comisario general recientemente retirado.Recién ayer el ministro confirmó oficialmente que la dimisión de Ojeda fue aceptada. "Ojeda presentó el pasado 13 su renuncia al cargo. Hasta tanto el gobernador nombre un nuevodirector, he puesto a cargo de la dirección al comisario general Oscar Ómola, quien conducirá lostemas administrativos y de control como para seguir adelante", dijo ayer el ministro. Aranda indicó además que "Ojeda decidió apartarse del cargo para dejar que el ministerio yla Justicia trabajaran en esta investigación, y en breve será citado por la Justicia". En tanto, el titular de la cartera de Seguridad aseguró: "Estamos poniendo orden en el temacon respecto, puntualmente, a las licencias que se han otorgado de manera irregular. Tenemos querevisarlas a todas y seguramente (sus titulares) van a tener que rendir de nuevo". Y subrayó que "todo está en manos de la Justicia. El juez (Ricardo) Schulz ya ha caratulado el hecho e imputó aalgunas personas". En el Primer Juzgado de Instrucción de San Martín se comenzó esta serie de indagatorias elpasado miércoles. En principio, por los elementos obrantes en la causa se estima que se habríancometido los delitos de cohecho agravado e incumplimiento de los deberes de funcionario público. "Hay prueba documental secuestrada en los allanamientos y escuchas telefónicas efectuadasdurante un mes y medio", confirmó el titular del Primer Juzgado de Instrucción al referirse a lacausa que involucra desde un ex jefe de la Distrital Este de la Policía de Mendoza hasta a personalque trabajaba en la delegación de la Policía Vial. Entre las maniobras que están siendo investigadas figura una que es el emblema delexpediente. Se refiere al caso de una joven que, pese a no tener los años requeridos para obtenerla licencia profesional de conductor, sólo tuvo que pagarle a la academia para conseguirla. Justamente este particular trámite es uno de los que ponen en dudas la relación que manteníael ex jefe distrital sospechado con el ahora ex titular de la Policía Vial provincial, Ojeda, yaque se habría logrado interceptar una comunicación en donde el primero le pedía a éste quebeneficiara a la joven con la objetable excepción. Para la Justicia, quien estaría más comprometido hasta aquí sería el ex jefe distrital,sobre todo teniendo en cuenta que cuando todavía cumplía esa función ya dirigía, al menos en lapráctica, la academia de conductores. Si estas irregularidades se prueban, los efectivos involucrados podrían, como mínimo, serresponsables de algunos de los delitos contemplados en el capítulo IV del Código Penal que versansobre la violación de los deberes de funcionario público. Específicamente, el artículo 248 reprime con prisión de un mes a dos años e inhabilitaciónespecial por doble tiempo al "funcionario público que dictare resoluciones u órdenes contrarias alas constituciones o leyes nacionales o provinciales" y también que "no ejecutare las leyes cuyocumplimiento le incumbiere". Entretanto, el Ministerio de Seguridad, desde donde se potenció la investigación, dispusoremover preventivamente del cargo al jefe de la Delegación Este de la Policía Vial y a un oficial,con el fin de no correr el riesgo de que se entorpezcan las pesquisas. Este mismo sentido tuvo laaceptación de la dimisión de Ojeda al frente de esa dirección. Mientras, en el juzgado se continúa con la toma de declaraciones indagatorias ytestimoniales, en el barrio Córdoba, de San Martín, cerraron la academia de conductorescuestionada. A 48 horas de hacerse público el caso fue quitado el cartel que anunciaba suexistencia y ayer las oficinas lucían deshabitadas.

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