El ministro de Seguridad, Carlos Aranda, aceptó la renuncia del comisario inspector Heriberto Ojeda. Se lo investiga por la supuesta entrega irregular de licencias de conducir en la zona Este.

Se complica la situación del renunciado director de la Policía Vial por el escándalo de los carnets

Por UNO

SAN MARTÍN– El ministro de Seguridad, Carlos Aranda,

aceptó la renuncia en carácter "indeclinable" que le presentó el comisario inspector retirado

Heriberto Ojeda como director de la Policía Vial de la Provincia.

La renuncia había sido elevada el viernes 13 pasado, un día después de que Diario UNO

informara sobre el escándalo por la entrega irregular de registros de conducir en la zona Este a

través de una academia de conductores dirigida por un comisario general recientemente retirado.

Recién ayer el ministro confirmó oficialmente que la dimisión de Ojeda fue aceptada.

"Ojeda presentó el pasado 13 su renuncia al cargo. Hasta tanto el gobernador nombre un nuevo

director, he puesto a cargo de la dirección al comisario general Oscar Ómola, quien conducirá los

temas administrativos y de control como para seguir adelante", dijo ayer el ministro.

Aranda indicó además que "Ojeda decidió apartarse del cargo para dejar que el ministerio y

la Justicia trabajaran en esta investigación, y en breve será citado por la Justicia".

En tanto, el titular de la cartera de Seguridad aseguró: "Estamos poniendo orden en el tema

con respecto, puntualmente, a las licencias que se han otorgado de manera irregular. Tenemos que

revisarlas a todas y seguramente (sus titulares) van a tener que rendir de nuevo". Y subrayó que "

todo está en manos de la Justicia. El juez (Ricardo) Schulz ya ha caratulado el hecho e imputó a

algunas personas".

En el Primer Juzgado de Instrucción de San Martín se comenzó esta serie de indagatorias el

pasado miércoles. En principio, por los elementos obrantes en la causa se estima que se habrían

cometido los delitos de cohecho agravado e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

"Hay prueba documental secuestrada en los allanamientos y escuchas telefónicas efectuadas

durante un mes y medio", confirmó el titular del Primer Juzgado de Instrucción al referirse a la

causa que involucra desde un ex jefe de la Distrital Este de la Policía de Mendoza hasta a personal

que trabajaba en la delegación de la Policía Vial.

Entre las maniobras que están siendo investigadas figura una que es el emblema del

expediente. Se refiere al caso de una joven que, pese a no tener los años requeridos para obtener

la licencia profesional de conductor, sólo tuvo que pagarle a la academia para conseguirla.

Justamente este particular trámite es uno de los que ponen en dudas la relación que mantenía

el ex jefe distrital sospechado con el ahora ex titular de la Policía Vial provincial, Ojeda, ya

que se habría logrado interceptar una comunicación en donde el primero le pedía a éste que

beneficiara a la joven con la objetable excepción.

Para la Justicia, quien estaría más comprometido hasta aquí sería el ex jefe distrital,

sobre todo teniendo en cuenta que cuando todavía cumplía esa función ya dirigía, al menos en la

práctica, la academia de conductores.

Si estas irregularidades se prueban, los efectivos involucrados podrían, como mínimo, ser

responsables de algunos de los delitos contemplados en el capítulo IV del Código Penal que versan

sobre la violación de los deberes de funcionario público.

Específicamente, el artículo 248 reprime con prisión de un mes a dos años e inhabilitación

especial por doble tiempo al "funcionario público que dictare resoluciones u órdenes contrarias a

las constituciones o leyes nacionales o provinciales" y también que "no ejecutare las leyes cuyo

cumplimiento le incumbiere".

Entretanto, el Ministerio de Seguridad, desde donde se potenció la investigación, dispuso

remover preventivamente del cargo al jefe de la Delegación Este de la Policía Vial y a un oficial,

con el fin de no correr el riesgo de que se entorpezcan las pesquisas. Este mismo sentido tuvo la

aceptación de la dimisión de Ojeda al frente de esa dirección.

Mientras, en el juzgado se continúa con la toma de declaraciones indagatorias y

testimoniales, en el barrio Córdoba, de San Martín, cerraron la academia de conductores

cuestionada. A 48 horas de hacerse público el caso fue quitado el cartel que anunciaba su

existencia y ayer las oficinas lucían deshabitadas.