El escenario fue la Legislatura, donde se discutió sobre el proyector de restricción de este beneficio a los condenados por homicidio o abuso sexual.
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Salidas transitorias: discutió el padre de Matías Quiroga con funcionarios de DD.HH.
Por UNO
Por Daniel Calivares
Momentos complicados se vivieron en la legislatura provincial cuando funcionarios de la Subsecretaria de Justicia y Derechos Humanos expusieron su opinión sobre el proyecto del régimen de ejecución de la pena privativa de la libertad, que entre otras cosas, prohíbe las salidas transitorias a condenados por homicidios o abusos sexuales, hasta que hayan cumplido la totalidad de su pena.
La subsecretaria de Justicia y Derechos Humanos, Romina Ronda, aseguró que el proyecto presentado por el radical Luis Petri es inconstitucional y presenta “falencias estructurales” en cuanto a la conformidad con pactos y tratados internacionales. Ronda aseguró que también podrían llegar reclamos ante organismos internacionales en base a pactos internacionales rotos. La subsecretaria de Derechos Humanos María José Ubaldini, explicó que el proyecto de Petri sería “un retroceso en políticas de Derechos Humanos”.
Posteriormente fue el turno de Osvaldo Quiroga, el padre de Matías, el joven asesinado en la playa de estacionamiento del supermercado Carrefour de Godoy Cruz, quien le salió al cruce a ambas funcionarias. “No voy a permitir que nos digan que hablamos desde el dolor. Yo voy a hablar de la condena de muerte. Estamos todos condenados a muerte, pero no estamos a discreción de un proceso, sino de esta gente, porque con certeza van a volver a matar a cualquiera de nosotros”, alegó Quiroga, quien se preguntó que cómo era posible que 300 delincuentes violentos tuvieran en vilo a una sociedad y a la Policía.
Entre los consultados por los legisladores también se encontró a Leopoldo Orquín, por la Inspección General de Seguridad; Gustavo Castiñeira de Dios, por la Universidad de Congreso; Sebastián Sarmiento, director del servicio penitenciario; Gianni Venier, por el Colegio de Abogados; el ex legislador Juan Carlos Aguinaga y Daniel Tagarelli, por los organismos de derechos humanos.
En el caso de Orquín y Aguinaga, señalaron que el proyecto es constitucional. En tanto, Castiñeira de Dios, afirmó que Mendoza tiene capacidad jurídica y aptitud constitucional para implementar su propia legislación y sugirió algunas modificaciones al proyecto de Petri.
En el caso de Sarmiento, este aseguró que el proyecto tiene muchas fallas técnicas y que en lugar de endurecer, como es el espíritu de la ley, termina flexibilizando el régimen carcelario, ya que no contempla sanciones disciplinarias por fuga o poseer algún tipo de armas, ni tampoco toma en cuenta que los internos deban estudiar, trabajar o estar bajo algún tratamiento, en el caso de los abusadores, para acceder a la fase de confianza.
