Por ahora, el Código de Ejecución Penal, que fija las reglas de tratamiento a los presos condenados, vigente es el de la Nación. Una inicativa del radical Luis Petri promueve derogar la adhesión a esa norma y aprobar un articulado nuevo para la provinc
Radicales y demócratas apuran al PJ para endurecer las salidas de presos peligrosos
Por UNO
Por Javier Polvani
Los radicales y los demócratas acordaron apurar en la Legislatura la derogación de la adhesión de Mendoza al Código de Ejecución Penal nacional para aprobar uno local que haga más difícil la salida a presos peligrosos. En la mañana del lunes, los radicales presentaron una nota en la Mesa de Entradas de Diputados para pedir urgente tratamiento al proyecto de Código de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad del legislador Luis Petri.
Con la apurada radical en este tema se inició la semana legislativa posterior a los conmocionantes homicidios del abogado Alfredo Hugo Moreno y la empleada bancaria María Lourdes Gordillo, ocurridos el miércoles en Guaymallén. Mientras el gobierno de Paco Pérez termina de definir el paquete de medidas que ofrecerá este martes, según se anunció, en la Legislatura la oposición picó en punta exigiendo el tratamiento del Código de Ejecución Penal local.
En 1998 la provincia adhirió al Código de Ejecución Penal que dictó el Congreso de la Nación y que entre sus postulados más cuestionados en Mendoza en los últimos meses prevé la posibilidad de dar salidas transitorias a todos los condenados una vez que cumplen la mitad de la pena. Desde que un grupo de ladrones mataron a Matías Quiroga, el 9 de marzo de este año, cuando huían de un frustrado robo a un camión de caudales.
Omar Tanga Gómez, el principal sospechoso del disparo homicida, estaba evadido de la prisión desde que decidió no regresar tras una salida transitoria. Osvaldo Quiroga, el padre de la víctima, cargó duro contra los jueces de Ejecución Penal de la provincia, mientras que Petri encontró un escenario adecuado para incursionar con su proyecto de Código de Ejecución Penal, marketinera presentado como una herramienta para evitar que los violadores y los delincuentes reincidentes no reciban beneficios de salidas ni acortamientos de sus penas.
El proyecto de Petri, cuya aprobación implicaría la derogación de la adhesión al Código nacional, ya tiene despacho favorable de la Comisión Bicameral de Seguridad y ahora está a la espera del tratamiento en la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales de Diputados. Los radicales acordaron con los demócratas avanzar en un tratamiento rápido del proyecto, con la expectativa de empujar al oficialismo a aceptar que este miércoles, durante la sesión ordinaria de la Cámara Baja se pueda someter a votación la iniciativa.
Para eso, es necesario que den el visto bueno las dos bancadas que responden a la Casa de Gobierno (PJ y Eje Peronista, que responde a los hermanos Félix de San Rafael), a las que siguen algunos monobloques aliados.
“Desde la Unión Cívica Radical nos dirigimos a ud. a fin de solicitarle el urgente tratamiento del proyecto que establece el Código de Ejecución Penal para la Provincia de Mendoza ya que a través del mismo comenzaremos a devolverles a los ciudadanos la seguridad perdida”, dice el encabezado de la nota presentada este lunes por los radicales y que está dirigida al presidente de Diputados, Jorge Tanús, y al jefe de la bancada del oficialismo, Gustavo Arenas.
En el escrito, los radicales remarcaron que la iniciativa cuenta con dictamen favorable por parte del cuerpo de asesores de Diputados y que la Comisión de Seguridad Ciudadana, integrada por los tres poderes del Estado y familiares de víctimas, ha aconsejado su tratamiento.
