El presidente de Chile aseguró que volverá a pedir la extradición por el asesinato de un senador y
del entonces director de El Mercurio. El abogado defensor denunció una "persecución política" de
parte del "pinochetismo".
Piñera recibe a Cristina con el renovado pedido para que extradite al guerrillero Apablaza, que el kirchnerismo refugia en Buenos Aires
Por UNO
"Vamos a conversar con la presidenta Cristina Fernández. Y por supuesto, yo creo que una personaque cometió un crimen tan grave, y que le costó la vida a un senador, y lo cometió en Chile,
debiera ser juzgado en los tribunales chilenos. Y para eso estamos trabajando", reiteró hoy elpresidente Piñera.
La presidente llegará esta noche a Santiago de Chile para participar de los festejos por elBicentenario del país vecino. En el marco de esa visita, Piñera reiterará el pedido de extradicióndel ex guerrillero, que en nuestro país cuenta con la protección de las organizaciones de DerechosHumanos y logró que la titular de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, pidiera su asilopolítico. "Galvarino estuvo detenido desde el 2004, y tras un juicio oral y público quedó enlibertad", explicó Bonafini el miércoles pasado. Apablaza está acusado de asesinar al senadorchileno Jaime Guzmán Errázuriz y al director del diario El Mercurio, Christian Edwars del Río. Mientras tanto, el abogado de Apablaza, Rodolfo Yanzón, sostuvo que la maniobra del gobiernochileno para extraditar al ex guerrillero se trata de una "persecución política" a cargo del"pinochetismo" y que "de ningún modo puede entenderse como dañar relaciones bilaterales". "Si insisten con que el refugio es dañar las relaciones (bilaterales), es que no cumplen conlos pactos", expresó Yanzón, para quien "el refugio político no es un acto gracioso, sino que es unanálisis sobre la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados". El caso de Apablaza revivió después de que la Justicia de Chile determinara que loscrímienes cometidos "son ajenos a la tradicional noción de delito político". El hombre estátramitando su asilo político desde su llegada al país, en 2004, y su caso está en manos del Comitéde Elegibilidad para Refugiados (Cepare), que depende del Ministerio del Interior.
