El empresario mendocino preocupado por las jóvenes pobres que se embarazan para conseguir planes sociales aún no consigue los acuerdos suficientes para sacar del default que tiene postrada a IMPSA (Industrias Metalúrgicas Pescarmona), la histórica nave insignia de la metalúrgica provincial.Tras la cesación de pagos que Enrique Menotti Pescarmona y su empresa IMPSA declararon por unos U$S1.000 millones a fines de 2014, el empresario que está inquieto por los planes sociales de las embarazadas de bajos recursos, cursa los últimos meses fundamentales, en los que intenta alcanzar el mínimo de acuerdos con acreedores que le exige la Justicia mendocina para legitimarle la reestructuración de la deuda y evitar una implosión que arraste a la compañía a la quiebra. La eclosión de IMPSA en 2014 llegó arrastrada por los negocios que tenía en Brasil y Venezuela, donde la mora de esos países para pagarle las obras que había hecho fue una herida mortal. No sólo se trató de un sacudón para la industria nacional sino que en Mendoza dejó un tendal de más de 300 trabajadores sin empleos, muchos de ellos con hasta 20 años de permanencia en la compañía, a los que no les sirvieron ni las constantes audiencias de la Subsecretaría de Trabajo ni las mediaciones del gobierno anterior procurando que no se cayeran los puestos ni los programas especiales para proteger el empleo ni las protestas ni los piquetes frente a la planta en Rodríguez Peña. De un solo golpe, más de 300 operarios y personal especializado se fue despedido con la indemnización del caso causando un gran impacto en Mendoza. Desde allí, IMPSA ha recorrido un largo camino en donde enfrentó ante la Justicia provincial sendos pedidos de quiebra que finalmente no prosperaron, consiguiendo la empresa la habilitación para buscar el acuerdo privado con acreedores que le permitiera reestructurar su deuda. La negociación de la reestructuración de los U$S1.000 millones implica una quita, una espera para retomar la normalización de los pagos y una refinanciación del monto pendiente. La propuesta es genérica para todos los acreedores, tanto nacionales como extranjeros. Pero la Justicia mendocina le impuso a IMPSA que debe conseguir el acuerdo del 66% de los acreedores para que considere válida la reestructuración y el 34% restante no tenga más opción que aceptarla. Esa cifra, Pescarmona todavía no logra obtenerla. En su entorno afirman que están cerca de conseguirla. Una serie de asambleas previstas para febrero serán claves para alcanzar el requisito judicial. Por ahora, IMPSA les ha ofrecido a sus acreedores, además de hacer una quita, pagar el resto de lo adeudado con dinero y con el 65% de las acciones de la compañía. De concretarse ese formato, la familia Pescarmona perderá en principio la mayoría de las acciones, aunque restará por verse si una vez conseguido los acuerdos pierde la mayoría como accionista. Bien podría lograr con el 35% ser el accionista mayoritario nominalmente, lo que le seguiría dando a Menotti Pescarmona una posición fuerte y de privilegio dentro de la empresa que fundó su familia a la hora de tomar decisiones para el futuro de la firma.
El empresario local aún no consiguió la cantidad de acreedores para evitar la cesación de pagos. IMPSA dejó un pasivo impago de unos U$S1.000 millones, que busca renegociar con quita y refinanciación
Pescarmona sigue buscando acuerdos para salir del default
