Por Marcelo Arce
Con los pies en Mendoza, tras perderse el histórico anuncio de la nacionalización de YPF, el mandatario presiona a sus alfiles del Senado para aprobar el proyecto. En la UCR hay dos posturas frente a la estrategia del PJ.
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Paco Pérez cerró el periplo por el exterior y quiere sí o sí la empresa de energía que sigue en veremos
Subido a la ola de la renacionalización de YPF, el Gobierno apostará la semana próxima a avanzar en el tratamiento de la demorada empresa de energía y, según confirmaron voceros del bloque del PJ en el Senado, buscará tener listo un despacho de comisión para que el proyecto sea tratado en el recinto luego de la Asamblea Legislativa del 1 de mayo.
En ese sentido el senador justicialista Fernando Simón anticipó a Diario UNO que el oficialismo “seguirá insistiendo en que la empresa es necesaria y ahora, luego de los anuncios sobre YPF, aún más. Nosotros vamos a proponer un tratamiento rápido para intentar tener la semana próxima un despacho de comisión”.
El radicalismo, que frenó el avance de la iniciativa de Francisco Pérez hasta tener precisiones sobre el futuro de YPF, definirá en los próximos días qué hará ahora con el nuevo escenario planteado en materia de hidrocarburos y hasta ayer mantenía posturas divididas.
Los senadores de ese partido que vienen trabajando en el proyecto desde hace un tiempo, como Juan Carlos Jaliff y Sergio Moralejo, son partidarios de habilitar la sanción. Sin embargo otro grupo encabezado por el senador Armando Camerucci insiste en esperar a que el gobernador obtenga más definiciones a nivel nacional sobre el futuro del petróleo en Mendoza.
El intendente de Godoy Cruz y presidente del Comité Provincia, Alfredo Cornejo, está de este último lado. “Muchos tenemos dudas, pero si algo está con mucha más incertidumbre aún es la posición de Mendoza en este tema (sobre YPF). Hay una debilidad absoluta en la posición y no sabemos cuál va a ser el papel de la provincia en la nueva empresa. Nosotros siempre fuimos partidarios de tener una empresa, pero como consecuencia de las dudas que todavía existen preferimos esperar un tiempo más”, sostuvo Cornejo al respecto.
Dentro de las dudas radicales está, por ejemplo, qué sucederá con las áreas que Pérez le quitó a YPF (Ceferino y Cerro Mollar Norte) cuando era privada y que ahora el Gobierno nacional presiona para que sean devueltas a la empresa en su nueva etapa estatal.
El gobernador primero aseguró que el plan era incorporarlas a la futura empresa provincial de energía, luego se avanzó en la idea de licitarlas nuevamente a un grupo privado y tras los anuncios de YPF el interventor local de la empresa, Walter Vázquez, dijo que el futuro de esas áreas se decidirá en Buenos Aires.
“Si todo YPF lo va a manejar la Nación ¿cómo se va a realizar la tercera ola de licitaciones de áreas petroleras en la provincia? Si todo va a parar a YPF, a la empresa de energía no le quedará más que la explotación del uranio, de las energías alternativas y de la energía hidroeléctrica. No sé si en esa dirección la empresa tiene mucho sentido”, expresó Camerucci.
Pérez siguió desde Estados Unidos –la gira culminó ayer– los pasos a seguir.
El Gobierno anunció que esperará el acuerdo con el radicalismo y que apuesta a que la creación de su empresa surja por consenso. Pero también maneja la alternativa de forzar la votación, seguro de que ya tiene al menos los 21 senadores (entre oficialistas y aliados) que necesita para imponer su proyecto.
Lo que ya se había acordado
Emesa (el nombre tentativo de la futura empresa) ya tiene media sanción de Diputados y tal como venían trabajando peronistas y radicales, sería una sociedad anónima con participación estatal mayoritaria (SAPEM).
En su conformación está previsto que la Provincia se quede con el 51% del paquete accionario, el 19% sería para el capital privado y el 10% de la compañía quedaría en propiedad de todas las comunas de la provincia por partes iguales y el resto a definir.
El Partido Demócrata ya manifestó que rechaza el proyecto de empresa energética, que se abocará a administrar por parte del Estado los recursos energéticos y quedará excluida de su órbita la actividad minera.
Antes de la irrupción en agenda del tema YPF, oficialismo y oposición habían acordado trabajar en algunos puntos que todavía faltan.
Entre ellos cómo se distribuirán entre los municipios las ganancias de la empresa (será por el índice de coparticipación) y que el Gobierno, y no la firma, sea quien defina las políticas energéticas de la provincia.
