Por Fabricio Panella Vidal
Referentes de la oposición recibieron con buenos ojos, en general, la convocatoria que lanzó Pérez para que la gendarmería vuelva a las calles de Mendoza, pero coincidieron en remarcarle al gobernador que les otorgue a los de uniforme verde oliva iguales atribuciones represivas que las que cuenta la Policía local, y que no sólo sean usados para patrullajes disuasivos o controles de rutas.
Luego de los dos resonantes asesinatos ocurridos en el Gran Mendoza, Pérez anunció que convocará a Gendarmería Nacional para que colabore en la lucha contra el delito vernáculo,y algunos opositores ya pusieron la lupa en el futuro accionar de sus efectivos.
Daniel Cassia, el peronista disidente miembro de la Bicameral de Seguridad, celebró el anuncio de "importar" gendarmes aunque puso reparos. "Siempre he dicho que Mendoza debe utilizar todas las herramientas que estén a su alcance para combatir la inseguridad, como así lo hacen los delincuentes para delinquir. Pero si vemos lo que pasó en anteriores convocatorias, los gendarmes tenían atribuciones mínimas. Lo que hay que hacer es que participen en la acción propiamente dicha: en los operativos, en los allanamientos, en las detenciones pero con algún tipo de autonomía", evaluó.
"La Gendarmería debe ser convocada para la acción directa, no para que paseen o para que muestren el uniforme o para crear una sensación de mayor resguardo. No debe ser convocada para ser utilizada como símbolo, sino para ser un complemento de la policía. Yo celebro la decisión del gobernador pero en tanto y en cuanto se aproveche todo su potencial y se les dé mayores facultades, sino no tendrá ningún efecto", consideró Cassia.
Para Luis Petri, integrante radical de la Bicameral, además de la capacidad operacional que la fuerza ostente en Mendoza, el número de efectivos será fundamental.
"Hay que ver en qué número vienen y si éste es significativo, además de ver con qué facultades, más allá de lo que provoque su presencia. Si el gobierno quiere traer 100 ó 200 gendarmes, no es nada. Si se espera que patrullen calles deberán venir no menos de mil efectivos. Caso contrario será como un gota de agua en el océano", comparó el diputado de la UCR, quien concluyó remarcando que "se vive una escalada de violencia sin precedentes por lo que hay que convocar a todas las fuerzas políticas y sociales para encontrarle solución a un problema que debería ser cuestión de Estado".
En tanto el demócrata Aldo Vinci, presidente de la Bicameral y viejo crítico tanto del ministro de Seguridad Carlos Aranda como de las políticas oficiales hacia el tema, vinculó la convocatoria del gobernador a un presunto fracaso de la actual conducción.
"Lo de Gendarmería es una muestra más de incapacidad. O sea: traer a la Gendarmería es un reconocimiento de que no han sido capaces de solucionar el problema de seguridad en la provincia. A confesión de parte, relevo de pruebas. Le están diciendo a una fuerza nacional que venga a cumplir el cometido de la policía provincial. Y eso es admitir que han sido incapaces de convertir a Mendoza en una provincia segura”, disparó.
A pesar de su disidencia a traer gendarmes, al igual que sus colegas Vinci cuestionó que la medida tenga resultados positivos si no se modifican algunos detalles operativos de la fuerza. “Lo que tiene que hacer Gendarmería es resguardar las rutas, hacer controles vehiculares, requisas, eso es bueno porque previene el tráfico de drogas, colabora en la detención de prófugos. Haría como un cerrojo en torno a la provincia. Pero no me parece bueno que estén dentro de la Ciudad. Ellos imponen respeto, su presencia disuade pero la delincuencia juvenil sabe que los gendarmes no pueden actuar en forma directa, como detener a alguien. No pueden hacerlo si es que no hay un policía al lado. Si esto va a ser así no servirá de nada, como en otras oportunidades”.
Todos los legisladores consultados destacaron que si bien Gendarmería por ley no cuenta con atribuciones policíacas (solamente pueden actuar en cuestiones fronterizas y narcotráfico), en el convenio que firme la Nación con la Provincia ésta última tendrá que especificar que la razón del pedido es "para resguardar la seguridad ciudadana". Según Cassia, con hacer esta salvedad se les podrá conferir a los uniformados federales un mayor margen de acción.
El futuro de Aranda
La ratificación del ministro Carlos Aranda en la cartera del área, también anunciada este viernes por Paco Pérez, tampoco pasó desapercibida por los popes opositores, aunque en este caso las opiniones mostraron algunos matices.
Vinci recordó que “respaldarlo al ministro es un típico acto de gobierno: primero lo respaldan luego lo terminan echando”, y luego advirtió con dureza: “Aranda va a tener que pasar un sedazo la semana que viene (el martes fue invitado junto al jefe de Policías Juan Carlos Caleri a dar explicaciones a la Legislatura), si él no va a la Bicameral arguyendo cualquier excusa, yo creo que tiene que renunciar porque el martes va a estar toda la ciudadanía esperando las explicaciones del ministro”.
En cambio Cassia defendió el trabajo realizado por el ministro. "Yo respeto la decisión del gobernador pero si la seguridad de la provincia se resolviera solamente con el cambio de ministros, ya estaría todo solucionado. Yo siempre he dicho que no se trata de nombres sino de planes e ideas. Aranda es un hombre comprometido con la seguridad pública, no es un improvisado. Me consta que ha comprometido a su propia familia en pos del trabajo. No es un vago. Yo conozco su accionar por eso yo no lo cuestiono", indicó.
Por su parte, Petri minimizó el hecho de respaldar o cuestionar a Aranda en su cargo. "El responsable máximo de las políticas de seguridad son del gobernador, no de un ministro. En todo caso Aranda es sólo un instrumento de un proyecto de seguridad. Nosotros lo que estamos pidiendo es un cambio de política, no de ministros", señaló.


